Ofensiva de Marlaska contra el mayor sindicato de la Guardia Civil por criticar la amnistía de Sánchez

• Roberto Pérez @Robertoperezbc
• Periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Especialista en sector público, economía política y presupuestaria, e instituciones político-administrativas. Trabajó para Agencia Efe y Cope, ejerció durante más de 20 años en ABC -etapa que incluyó el ejercicio temporal de la corresponsalía de Nueva York- y actualmente es subdirector de OKDIARIO.
• • 29/10/2023 19:46
  • Actualizado: 29/10/2023 20:33

El Gobierno ha declarado una guerra legal al sindicato mayoritario de la Guardia Civil, Jucil, por criticar la amnistía de Pedro Sánchez. El Ministerio del Interior, liderado por el socialista y juez de carrera Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado a sus servicios jurídicos que estudie emprender acciones legales contra la asociación de guardias civiles Jucil. La medida se adopta un mes después de que los socios de Sánchez exigieran al ministro que purgara a los guardias civiles que criticaran la amnistía.

Interior cree haber encontrado ahora el asidero para responder a esa demanda. La ofensiva judicial que pergeña el Ministerio de Marlaska se produce después de que esa organización profesional calificara de «felonía» las cesiones de Pedro Sánchez con los golpistas catalanes. En concreto, la amnistía que ha pactado con el independentismo para dar impunidad a los delitos cometidos en el golpe secesionista de 2017, liderado por el prófugo Carles Puigdemont y por el que el resto de cabecillas fueron condenados por el Tribunal Supremo, tras considerar probado que cometieron un delito de sedición –delito que Sánchez ha borrado del Código Penal–.

En octubre de 2021, Jucil se convirtió en la organización mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, el órgano interlocutor entre los funcionarios de este cuerpo y el Ministerio del Interior. De ahí que la ofensiva legal que ha decidido impulsar Marlaska tenga un especial significado, dado el mayoritario respaldo que Jucil tiene entre los miembros de la Guardia Civil.

Interior considera que el derecho a la libertad de expresión no es aplicable en este caso porque, argumenta, la normativa obliga a los guardias civiles a un «principio de neutralidad política» que, a juicio del Ministerio, ha sido incumplido al criticar la amnistía a los golpistas catalanes.

Jucil: «Defendemos la Constitución»

Desde el sindicato Jucil consideran infundada la represalia judicial que Interior intenta con esta organización. «Las declaraciones que hemos realizado en ese mensaje como organización no tiene que molestar ni preocupar más que a los delincuentes o a quienes quieren saltarse la ley», ha indicado a OKDIARIO el portavoz de Jucil, Agustín Leal.

Además, censura que el Ministerio de Marlaska pretenda confundir la «neutralidad política» a la que se deben los guardias civiles con el «derecho a la crítica política» que asiste a una organización profesional legalmente reconocida, como es Jucil. «Nosotros, como organización, somos apolíticos, pero tenemos todo el derecho del mundo para criticar acciones políticas, porque la política está en nuestras vidas y nos afecta como a toda la sociedad», explica. Y subraya: «Lo que estamos haciendo es defender la Constitución, que es la que nos ampara y a la que nos debemos ante todo».

Contra la libertad de expresión

La posición del Gobierno socialcomunista a este respecto contrasta con la sistemática bandera de la libertad de expresión que ha venido proclamando. Por ejemplo, cuando el PSOE arremetió contra lo que la izquierda llamó ley mordaza, porque –decía entonces el partido de Sánchez– pretendía «sancionar al disidente, al que protesta, al considerar que quien protesta altera no la seguridad sino la tranquilidad pública».

Y contrasta igualmente con lo que han venido defendiendo las filas del ala comunista del Gobierno. Así, el PSOE cerró filas en el Congreso con sus socios de Unidas Podemos para impulsar una reforma legal que despenalice las injurias a la Corona y los ultrajes a la bandera.

Sin embargo, estas posiciones no se las aplican en el caso de las críticas lanzadas desde Jucil a las cesiones de Pedro Sánchez a los golpistas catalanes, a la carta del independentismo. El Ejecutivo se aferra al principio de «neutralidad política» al que se deben los guardias civiles, que considera de mayor valor que el de libertad de expresión de una organización profesional.

Las acciones legales las emprende Interior, en concreto, por un mensaje difundido por Jucil a través de la red social X –antes denominada Twitter– en la que se muestra el vídeo de una intervención pública de Pedro Sánchez en la que defiende la ley de amnistía. El vídeo lo acompaña Jucil con reflexiones que el Gobierno considera que pueden ser castigadas penalmente. Así, ese sindicato de la Guardia Civil indica en su mensaje que la amnistía responde al «interés personal de un individuo por encima de la libertad del pueblo español». Y remarca que «la mayor felonía que se puede cometer contra una Nación es la traición de quienes tienen el deber de defenderla».