Nueva querella del PP y de Vox contra Torrent y la Mesa del Parlament

Tanto el Partido Popular como Vox estudian presentar la próxima semana una querella contra los miembros de la Mesa del Parlamento regional de Cataluña que sigan apoyando la Presidencia de Torra. Ambos partidos que, es de suponer, actuarán por separado, constatan que, ya que el citado no es diputado en la Cámara, no puede en consecuencia presidir la Generalitat. El PP fundamenta su más que posible querella en lo que inscribe el Artículo 152 de la Constitución que habla de una “Asamblea legislativa”, o sea un Parlamento, elegido por representación proporcional… “y -textualmente- un presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey”.

Los servicios jurídicos del principal partido de la oposición se extrañan de que, hasta el momento, todos los debates sobre la idoneidad como presidente de un diputado ya inhabilitado, se estén centrando en la ambigua fórmula que recoge el Estatuto de Cataluña, y no precisamente en la Constitución, una norma suprema que está por encima de cualquier ley orgánica, aunque esta tenga carácter de Estatuto, y que exige inequívocamente que el presidente tenga la condición de diputado.

Para el PP, y también para Vox, según indica al cronista un letrado del partido actualmente ya diputado, corresponde a la Mesa del Parlamento, y con mayor concreción a su presidente, Roger Torrent, convocar el correspondiente Pleno de Investidura para elegir al nuevo responsable máximo de la Generalitat. Si no lo hace el presidente de la Cámara y también los miembros de la Mesa que apoyen la permanencia del inhabilitado Torra, incurrirán en responsabilidad penal. Otra nueva querella. Vox y sus abogados discrepan sin embargo de sus colegas del PP y no observan la “usurpación de funciones” por parte de Torra que se ha planteado ante la Fiscalía. La divergencia se fundamenta, primero, en la ambigüedad jurídica de este término, y, más a más, en el poco recorrido que una iniciativa de este jaez tendría en la Fiscalía General del Estado donde ya se percibe la larga mano de la que fue ministra de Justicia, Dolores Delgado. “¿Alguien cree que la señora Delgado cursaría un propósito de este tipo?”. “¡Por Dios!” me dicen gráficamente.

La resistencia de Torra a dejar el puesto ha conducido a los juristas, sean o no de un determinado partido, a analizar todas las posibilidades judiciales a mano. En el PP y en Vox confiesan que el caso reviste características de “limbo jurídico”, por lo que los propios servicios de cada uno analizan todas las ideas, no vaya a ser que cualquier tribunal pueda rechazar las propuestas judiciales que se emprendan. Esto no obsta, desde luego, para que las querellas referidas sean planteadas con toda urgencia en los próximos días.

Hay que tener en cuenta, a mayor abundamiento, que Pedro Sánchez ya ha anunciado su reunión en Barcelona con el inhabilitado Torra y encima en la propia sede de la Presidencia de la Generalitat. La pregunta que se hacen los posibles firmantes de las querellas es ésta: en esa situación, ¿Pedro Sánchez seguiría entonces con su intención de entrevistarse con Torra? Con toda probabilidad, y en opinión asimismo de los juristas de Ciudadanos, Sánchez no renunciará a la entrevista, entre otras cosas -indican unos y otros- porque con un individuo que no puede presentarse a las próximas elecciones, que carece de jerarquía incluso dentro del Parlamento, y que es reprobado por sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña, Sánchez no se va a comprometer a nada.

“Lidiará la cuestión con su acostumbrada tendencia a la falsedad y ya está”, aseguran. Es realmente un juicio muy atinado. La siguiente pregunta puede ser la siguiente: ¿incurrirá Pedro Sánchez en un hipotético delito si acuerda, tras las querellas relatadas, decisiones de Gobierno con un presidente que ya no lo es? Por lo pronto su reunión con Torra es en la Generalitat, lo cual es una forma de reconocerle como presidente. A este hombre la ley le importa una higa. Se abre pues una nueva discusión que, con certeza, estallará con toda su crudeza si Sánchez, tras las nuevas querellas, sigue considerando presidente a Torra.