La «normalidad democrática» del 1-O y una colección de testigos por ‘imperativo legal’

La «normalidad democrática» reinó el 1-O en Cataluña, asegura una de los primeros testigos de este miércoles en el juicio al ‘procés’, «igual que el 28 de abril». Hasta tal punto fue así que la agente de viajes -quien votó en un colegio de La Pobla de Mafumet, en Tarragona- relata cómo a ese centro acudió a votar un joven envuelto «en una bandera de España» y llegó, y se fue, entre los aplausos de los presentes.

Usar una anécdota como argumento de base para ‘normalizar’ la desobediencia generalizada a las decisiones de un tribunal del Justicia, el Constitucional, y apoyarla en el uso de un símbolo oficial del Estado español, que en los últimos años ha sido denostado por las instituciones en Cataluña hasta el infinito, y más allá, confirma el falso debate de quienes bajo la excusa del ‘ambiente festivo’, tratan de ocultar la realidad.

No hay mayor «normalidad democrática» que el cumplimiento de la legalidad y el desafío independentista, en Cataluña, consumó su violación. El rey Felipe VI se dirigió a toda la nación para recordarlo, días después, y manifestar públicamente la «extrema gravedad» de los hechos que se habían sucedido y la «deslealtad inadmisible» de los separatistas al ordenamiento, en su huida hacia delante, antes, durante y después del 1 de octubre.

Dos testigos, miembros de ERC, recurren a la anécdota de un joven votando envuelto en una bandera de España, el 1-O, para intentar demostrar que todo transcurrió con ‘normalidad’

Sólo la emoción y la fiesta mutaron en una creciente «indignación», cuentan los testigos, cuando los ciudadanos supieron que en algunos colegios se estaban produciendo incidentes desagradables con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Es decir, de ambos cuerpos policiales, en una «actuación brutal», contra los votantes, según su versión. La inquietud, por tanto, no nacía del hecho de violentar la legalidad, como tal, sino de la circunstancia de que dicho comportamiento fuese susceptible de recibir una respuesta real. El anuncio del entonces delegado del Gobierno, Enric Millo, sobre que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado comenzarían a «actuar» desató el «temor de que vinieran a por nosotros también», ha añadido otro declarante.

Para ello llegaron expresamente hasta Cataluña, semanas antes, los barcos cargados de guardias civiles y policías nacionales prevenidos para actuar en el marco de la Operación ‘Copérnico’. Atracados en el puerto de Barcelona, y hacinados en condiciones que dejaron mucho que desear durante más tiempo del inicialmente estimado, esperaron la llegada del día designado para su intervención que no ha dejado de ser, en ninguna de las 41 sesiones del juicio, objeto de análisis y escrutinio, indirecto, pese a que en ningún caso la misma es objeto de esta causa. Los agentes actuaron, precisamente, en cumplimiento de la legalidad y atendiendo a la aplicación de la misma por orden judicial. Una actuación que, aunque ha menudo se dé por sentado, conviene recordar, está contemplada y normativamente regulada.

El juez Marchena ha recordado a los testigos que anunciaban contestar a la acusación popular de Vox ‘por imperativo legal’ que todo lo que sucede en la Sala se ajusta «al imperativo legal». 

Tal insistencia en la observancia de las normas adquiere una importancia mayúscula en esta sesión. La incoherencia de los comparecientes que han afirmado contestar a las preguntas formuladas por la acusación popular, ejercida por Vox, por «imperativo legal», siendo que en el día de autos fueron tan laxos para con esa misma legalidad, sorprende.

El presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, interrumpía en varias ocasiones sus alegatos para recordarles, a todos ellos, no sólo su obligación de responder a todas las cuestiones, previo juramento de decir verdad, sino para explicarles que respetando su esmero en «subrayar» dicho aspecto, no podían olvidar que «todo lo que está pasando aquí es por imperativo legal». «Usted está ahí sentada, por imperativo legal; ha respondido a las preguntas de la letrada que le cita, por imperativo legal; ha respondido a las preguntas del Ministerio Fiscal, por imperativo legal; a las preguntas de la Abogacía del Estado, por imperativo legal; y, ahora, tiene el imperativo legal de responder a las preguntas de la acción popular».

Así lo remarcaba cuando otro de los testigos ha recordado que presentó un escrito a la Sala para poder declarar en catalán. Marchena le ha comunicado, entonces, que la petición había sido denegada: «En este acto está todo reglado, absolutamente todo, incluso donde usted se sienta. También el idioma y, por más respeto que tengamos a la lengua catalana, la ley exige que usted hable en castellano».

Por cierto, ¿han vuelto a acampar masivamente en los colegios durante los fines de semana para hacer actividades culturales y talleres infantiles durante otras jornadas previas a votaciones o convocatorias electorales?, pregunta, hábilmente, el Ministerio Fiscal a los testigos que insistían en enmascarar la desobediencia colectiva a la ley, concretada en un mandato judicial, el 1-O. Niegan, uno tras otro, bajo la atenta mirada de los abogados de las defensas que les han citado a declarar. Confirman, sin saberlo quizás, con su relato de ‘normalidad’, si es que hay algo de normal en el incumplimiento legal, como mínimo, la sedición.