Las muertes de Beriain y Fraile sólo podrán investigarse si se demuestra que ha sido Al Qaeda

Las palabras se las lleva el viento, pero traen consecuencias reales. En 2018, la ahora fiscal general del Estado y entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció un inminente cambio en la conocida como Ley de Justicia Universal. La misma ley que tras la reforma del PP de Mariano Rajoy, en 2014, cerró tanto el embudo de lo que se podía investigar que impidió seguir con la causa del asesinato del cámara José Couso en Irak o los genocidios del Tibet y Guatemala. Sin embargo, y pese a lo prometido por Delgado, tres años después, esa ley sigue igual que en 2014, lo que puede impedir que el asesinato de los periodistas David Beriain y Roberto Fraile pueda ser investigado por la Audiencia Nacional si no se demuestra que ha sido un ataque terrorista, dejando las pesquisas de lo sucedido en manos del Gobierno burkinés.

David Beriain y Roberto Fraile morían este martes víctimas de un atentado que ha sido reivindicado por Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), un grupo cercano a Al Qaeda para el Magreb Islámico. Ambos periodistas se encontraban en Burkina Faso realizando un reportaje sobre la caza furtiva cuando fueron emboscados por sus asesinos. Sin embargo, no se descarta que fueran cazadores furtivos los que dispararon contra los periodistas, lo que implicaría automáticamente el cese de la investigación en España.

Investigación

El problema de este crimen es que, tras la reforma del PP de la Ley de Justicia Universal, que fulminaba de forma inmediata la capacidad de los jueces para investigar los crímenes cometidos en el extranjero, actualmente los magistrados sólo pueden llevar causas sobre genocidio y lesa humanidad, tortura, terrorismo o desaparición forzosa que afecten a ciudadanos españoles o que residan habitualmente en España, tal y como recoge el Artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El caso del asesinato de David Beriain y Roberto Fraile no se puede incardinar con absoluta seguridad en ninguno de estos supuestos, al menos de momento, y hasta que no se certifique la implicación de Al Qaeda. El crimen es un atentado terrorista, por lo que le Ley de Justicia Universal ampara a un magistrado español para que abra una causa y trate de averiguar lo sucedido, pero si finalmente no hubiera sido así, todo quedaría en nada y el archivo sería obligado.

El último crimen de Justicia Universal que ha salido adelante en la Audiencia Nacional, y posiblemente el único que se podrá ver hasta la reforma de la ley, ha sido la sentencia que condenó a 130 años a Inocencio Montano, el autor intelectual de la matanza del padre Ignacio Ellacuría y otros cuatro jesuitas en El Salvador hace 31 años.

Historia de un fracaso

En cuanto a la reforma de la Ley, en 2014 el PP la cambió de forma ‘exprés’ con todo el Congreso de los Diputados en contra. Lo hizo con un Proyecto de Ley a iniciativa parlamentaria del PP, que no necesitaba informes preceptivos. En 2018, Dolores Delgado anunció su reforma inmediata. Sin embargo, en octubre de ese año se hacía público un demoledor informe del Ministerio de Exteriores con el socialista Josep Borrell a la cabeza.

Dicho informe hablaba de las «serias reservas» que Exteriores tenía con respecto a la reforma. Es más, explicaba que Delgado pretendía introducir en la nueva ley categorías inexistentes en el Derecho Internacional vigente. Así, la iniciativa estrella de Dolores Delgado quedaba relegada a un brindis al sol.

Pero lo más llamativo de todo es que tres años después, desde el Gobierno de Pedro Sánchez no han tenido reparos en cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la misma que incluye la Justicia Universal, también de forma ‘exprés’, sin informes y con la oposición en contra como hiciera el PP. Pero esa reforma, que podría haber incluido la Justicia Universal, sólo ha modificado aquello que le convenía a Sánchez y a sus socios para forzar a los ‘populares’ a llegar a un acuerdo en la renovación del CGPJ.

Por tanto, la cruda realidad, habida cuenta de cómo se encuentra políticamente hablando Burkina Faso, es que el asesinato de David Beriain y Roberto Fraile podría no investigarse en España, y visto lo visto, parece poco probable que la Justicia burkinesa siente a los culpables en el banquillo. Es decir, 18 años después del asesinato de José Couso, la muerte de otros dos periodistas españoles puede correr la misma suerte jurídica que la investigación del crimen que costó la vida al cámara de televisión.