Muere Ignacio Gordillo, el ex fiscal de la Audiencia Nacional que se enfrentó a ETA y los GAL
Desarrolló una extensa carrera en el Ministerio Público centrada en el derecho penal
Ignacio Gordillo, ex fiscal de la Audiencia Nacional conocido por su papel en causas relacionadas con ETA y los GAL, ha muerto este lunes a los 75 años en Madrid. El Colegio de la Abogacía de Madrid ha dado la noticia de la muerte del ex fiscal a través de su web con un mensaje en el que también ha recordado que desarrolló una extensa y reconocida trayectoria en el ámbito jurídico, especialmente vinculada al derecho penal y al derecho penal económico.
Gordillo se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró con una tesis sobre blasfemia y libertad religiosa, calificada con sobresaliente cum laude. En 1976 ingresó en la Escuela Judicial y optó por la carrera fiscal, iniciando una trayectoria que le llevaría a ocupar destinos en la Audiencia Provincial de Girona y en Valladolid antes de incorporarse, en 1980, a la Audiencia Nacional.
Gordillo fue fiscal de la Audiencia Nacional durante 30 años en los que intervino en procedimientos de gran relevancia jurídica y social, vinculados tanto a la lucha contra el terrorismo como a la persecución de la delincuencia económica organizada. Su trabajo como fiscal estuvo asociado a causas relacionadas con la banda terrorista ETA, el GRAPO y los GAL, además de investigaciones y procedimientos sobre secuestros o atentados.
Tras abandonar el Ministerio Fiscal en 2010, continuó su carrera profesional en el ejercicio privado de la abogacía, centrando su actividad en el Derecho Penal, el Derecho Penal Económico, los delitos societarios, el blanqueo de capitales y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Gordillo escribió varias publicaciones sobre derecho y participó habitualmente en foros jurídicos, seminarios y actividades formativas. Formó parte de la Junta de Gobierno del ICAM en 2013 y fue una figura reconocida por su profundo conocimiento del Derecho Penal, su experiencia en asuntos de alta complejidad y su compromiso con el Estado de Derecho.