Morbo en el Supremo: el fiscal general coincide hoy con los magistrados que le juzgarán

Morbo en el Tribunal Supremo con el Rey Felipe VI de testigo: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, coincidirá con los magistrados del alto tribunal que le juzgarán. En concreto, se verá con Ángel Hurtado, el juez de la Sala Segunda al que le ha tocado instruir la causa especial por presunta revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso.

La polémica está servida en el acto de apertura del año judicial que se celebrará esta mañana en la sala más solemne del Tribunal Supremo. Por primera vez en la historia, un fiscal general al borde de juicio acudirá al acto pese a las continuas peticiones de dimisión que ha tenido de miembros de la judicatura.

Se da la anomalía de que el fiscal general coincidirá con el instructor que le tomó declaración el pasado invierno, el día 29 de enero. García Ortiz se negó a responder a sus preguntas pese a su posición al frente del Ministerio Público.

Hurtado y García Ortiz se volverán a ver las caras en el acto institucional al que también asistirán sus compañeros de la Sala Segunda y el recién nombrado presidente de Andrés Martínez Arrieta.

La presencia del Rey Felipe VI será el telón de fondo de este encuentro entre ambos. El jefe del Estado presidirá este evento que marca el inicio de curso en los tribunales acompañado de los máximos exponentes de la magistratura.

Fuentes que estarán presentes en el evento aseguran que existe «psicosis» por lo que pueda ocurrir con el fiscal general. De hecho, durante esta semana se han barajado distintas formas de boicot para protestar por la presencia de García Ortiz tras ser imputado por el Alto Tribunal.

Choque en el CGPJ

La presencia del fiscal general en el acto junto al rey ha desatado un choque entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

El bloque crítico con el Gobierno, formado por 10 vocales, ha enviado una carta a la presidenta del Tribunal Supremo explicando que consideran que el fiscal no debería intervenir en el acto y mucho menos aparecer al lado del Rey.

«La coincidencia entre esa condición procesal y su intervención en un acto de la más alta relevancia constitucional no resulta apropiada, comprometiendo, inevitablemente, la serenidad que el acto demanda, cuando hasta el último de sus subordinados se vería privado automáticamente del ejercicio de sus funciones», exponen los vocales en la carta.

La respuesta del ala izquierdista no se ha hecho esperar y nueve vocales que componen este bloque han defendido su presencia en el acto. También han reivindicado la «normalidad institucional» frente a la «polaridad artificiosa que pueda empañar la ceremonia solemne». Defienden que la confianza en los pilares del Estado Democrático de Derecho «se construye garantizando escrupulosamente el principio de legalidad y el de presunción de inocencia».

La carrera muestra su rechazo

Miembros de la carrera también han mostrado su rechazo por la presencia del fiscal general en el evento y así lo han hecho saber a través de distintos comunicados canalizados a través de las asociaciones.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF) —ambas mayoritarias en sus respectivas carreras— y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han expresado conjuntamente su rechazo categórico a la presencia del fiscal general en esta ceremonia institucional.

Las organizaciones profesionales califican de «hecho insólito» que una persona sometida a procesamiento judicial se sitúe junto al jefe del Estado en un evento de tal solemnidad institucional.

Consideran que esta circunstancia, especialmente cuando existe una alta probabilidad de que se abra un juicio oral contra el fiscal general, constituye «un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio jefe del Estado». 

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), por su parte, ha adoptado una postura más matizada respecto a esta controversia. Su portavoz, Sergio Oliva, ha manifestado que comparten plenamente «la preocupación que puede generar en la ciudadanía la imagen de un fiscal general del Estado sometido a un procedimiento judicial presidiendo, junto a Su Majestad el Rey y la presidenta del TS y CGPJ, el acto de apertura del año judicial».

Concluyen su posicionamiento afirmando que «no resulta conveniente utilizar la presencia de Su Majestad el Rey como argumento para instar al fiscal general a no asistir a un acto en el que la ley le reconoce su lugar institucional».