Moncloa dispuesta a hablar de la reforma constitucional después del 1-O

Moncloa no descarta hablar de una reforma de la Constitución, pero siempre bajo premisas claras: que se definan con precisión sus límites, que exista el máximo consenso, y que, en cualquier caso, se plantee una vez pasado el 1 de octubre, fecha prevista para el referéndum ilegal.

Es la respuesta, en fuentes gubernamentales, a la propuesta de Pedro Sánchez, este lunes, de abrir una comisión de estudio sobre el modelo territorial que reúna a todas las formaciones políticas y en la que, previsiblemente, se planteará una reforma de la Carta Magna. No será éste el foro para abordarla a fondo, reconoce Ferraz, que pretende impulsar más adelante una subcomisión específica. Pero sí un primer paso para plantear cambios sustanciales en la Carta Magna, una «modernización», como aspiran los socialistas.

Sánchez telefoneó este mismo lunes al presidente para trasladarle la propuesta. Rajoy la recibió positivamente, y ambos se emplazaron a seguir dialogando.

El mensaje de cierre de filas entre Gobierno y el principal partido de la oposición en cuanto al referéndum ilegal es evidente. Pero no tanto en  los caminos a seguir una vez superado el 1 de octubre. En fuentes gubernamentales aseguran que «la oferta de diálogo» siempre está tendida a Sánchez, pero admiten también que sus propuestas no les convencen en absoluto y que el presidente seguirá su propia hoja de ruta, sin interferencias.

«Todos juntos hasta el 1-O»

En Moncloa el mensaje es claro: nada se hará hasta después del 1 de octubre. Por dos razones fundamentales: para evitar «dar alas» al independentismo y porque la orden del presidente es mantener la apariencia de unidad con el principal partido de la oposición en lo que respecta al desafío independentista. Y eso pasa, inevitablemente, por evitar al máximo los debates públicos.

Rajoy nunca se ha cerrado a una reforma de la Constitución, pero dejando perfectamente claros sus límites. Y la cuestión territorial es uno muy delicado. Llegado el caso, los retoques en ese ámbito se reducirían a incorporar las competencias transferidas a las comunidades o la financiación autonómica. Poco o nada más. No cabe el debate en torno a la unidad española, la Monarquía ni, claro está, la autodeterminación. El presidente quiere además un consenso cerrado en torno a esa reforma, similar al que se logró en 1978, algo que, habida cuenta las diferentes propuestas del resto de formaciones, lo hace prácticamente inalcanzable.

En resumen, para Rajoy, la reforma constitucional no es, ni mucho menos, una prioridad en la legislatura, y solo cedería a hablar de ella por la presión de la oposición, cuya mayoría sí permitiría sacar adelante la subcomisión de Sánchez.

Esa misma iniciativa, sin embargo, tropezaría con la mayoría absoluta del PP en el Senado, el trámite necesario para que una reforma constitucional prospere. La cuestión permite al partido del Gobierno llevar en todo momento la batuta, con lo que, en fuentes del grupo parlamentario, se augura un «corto recorrido» a todo aquello que exceda a lo que Rajoy esté dispuesto a consentir.

El intocable artículo 2

La apuesta de los socialistas es imposible de digerir para el Gobierno: un Estado federal con reconocimiento de la plurinacionalidad de España, que implicaría una reforma de la Constitución que incluya «el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2» .

Algo que rebaten en el PP con referencias a la «indisoluble unidad de la nación española» y al «disparate» que supondría abrir de esa manera una reforma territorial bajo la presión de los independentistas.

Existe además otro condicionante, la posibilidad de que Podemos acabe planteando un referéndum sobre la reforma, haciendo uso del artículo 167 de la misma Carta Magna, que concluye que «aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras». La formación de Pablo Iglesias cuenta con el número de diputados suficiente para impulsarlo.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, instó este lunes a Sánchez a «centrarse» en el desafío soberanista en Cataluña y dejar para después del 1 de octubre «muchas cosas» de las que, a su juicio, tienen que hablar con el partido de la oposición. A partir de entonces, dijo, «hay muchos debates encima de la mesa».

«Vayamos juntos en este mes y a partir del 2 de octubre centrémonos en muchas cosas de las que tenemos que hablar», resumió la vicepresidenta.