La ministra Ribera deja sin protección a 6.000 agentes forestales pese a su ejemplaridad en La Palma

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se había comprometido a regular un nuevo estatuto para garantizar la protección y blindar el estatus de autoridad de 6.000 agentes forestales. Ejemplos como el del volcán de La Palma han vuelto a demostrar la necesidad del trabajo de este colectivo. Pese a ello, en el nuevo estatuto no aparece la prometida protección se esfuma.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha trasladado su queja a la ministra Teresa Ribera por incumplir su compromiso y estar demorando sin ninguna justificación la Ley Básica Estatal de Agentes Medioambientales y Forestales, una reivindicación esencial para el futuro del colectivo.

Desde el sindicato señalan que “cuesta entender las razones del retraso cuando ya en 2018 este texto pasó el primer trámite en el Senado con la aprobación de la mayoría de la Cámara”. Por ello, CSIF denuncia “que se están dilatando e incumpliendo los plazos y exigimos una Ley Básica de Agentes Forestales y Medioambientales que les dote de unas garantías jurídicas mínimas en todo el territorio nacional”.

Los 6.000 empleados públicos de los Cuerpos de Agentes Forestales de todo el Estado se han convertido de facto en una policía administrativa especial y judicial genérica tras una larga carrera iniciada hace más de 150 años. Actualmente sus competencias y funciones están recogidas en diversas leyes sectoriales, sin fuerza ni concreción suficiente como para garantizar la seguridad jurídica y física de las plantillas. Y todo ello, pese a ser un cuerpo decisivo en la protección efectiva de la biodiversidad.

El abandono y la falta de apoyo por parte del Ministerio contrasta con la labor desarrollada por el colectivo, estos días frente a emergencias como la generada a raíz de la crisis volcánica de La Palma, en donde los agentes forestales se han convertido en una línea decisiva de apoyo en los desalojos, los controles de acceso a las pistas forestales o el acompañamiento a los científicos en la recogida de muestras, entre otras muchas funciones.

En 2018, los partidos políticos ahora en el Gobierno ya sacaron adelante en el Senado la toma en consideración de esta Ley Básica de Agentes Forestales, con un amplio consenso y con tan sólo nueve votos en contra. La norma es una herramienta vital para regular la actividad del colectivo, pero también para la conservación de nuestros bosques y nuestra biodiversidad, cada vez más amenazada por el cambio climático.

Desde CSIF, destacan que esta ley garantiza seguridad física y jurídica adecuada y “protege a los que protegen porque es inadmisible seguir lamentando más muertes en acto de servicio o asesinatos como los ocurridos entre el colectivo en los últimos años”. La legislación autonómica, nacional, europea e internacional de carácter medioambiental es muy amplia. Tanto que la propia Fiscalía de Medio Ambiente ha recopilado unas 20.000 leyes, directivas y disposiciones ambientales.

Amplia legislación

Sin embargo, esta amplia legislación para regular la protección del medio ambiente “de poco sirve si no se cumple, si no hay un colectivo que ejerza la vigilancia y custodia de la naturaleza, como el de los agentes medioambientales y forestales”, subrayan desde CSIF. “Por ello, insistimos en que es necesario afianzar las funciones de este colectivo. Su bagaje, la dualidad técnico-policial y su carácter de agente de la autoridad como policía administrativa y judicial”, como destaca el sindicato.

El próximo mes de noviembre el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, convocará por segunda vez en una mesa sectorial a las comunidades autónomas para que se pronuncien sobre el borrador de Ley.

En la primera reunión, de manera precipitada con 24 horas de antelación, convocó y remitió un borrador de ley que no dio tiempo a estudiar. Por esta razón, varias de las comunidades no se pronunciaron, algunas se opusieron y otras ni tan siquiera asistieron al foro. Dos días más tarde, se convocó a los representantes de los sindicatos de la unidad de acción para trasladarles el escaso eco y apoyo que había tenido en las comunidades autónomas.

Desde el sindicato, admiten que la tramitación requiere de procedimientos de información y participación, pero señalan que es “indignante la manera en que se está llevando a cabo la elaboración del texto de la ley, competencia del Estado, y que tras haber sido aprobada en su día por el Senado podía haberse acelerado y llevado al Consejo de Ministros sin más incumplimientos ni retrasos”.