El ‘mecánico del odio’ cuelga en su taller un cartel de «cerrado por injusticia»

El ‘mecánico del odio’, a quien un juez de Reus investiga por un presunto delito de odio tras negarse a reparar el vehículo de una policía nacional «porque la policía española no es bienvenida», ha colocado un cartel con la leyenda «Cerrado por injusticia» en la puerta de su establecimiento.

Jordi Perelló, propietario del taller Perelló Motors, sito en la calle Camino de Valls número 38 de este municipio de Tarragona, puso el cartel este miércoles antes de dirigirse al Juzgado de Instrucción número 3, donde se instruye la causa. Allí fue recibido y jaleado por un centenar de independentistas convocados por el grupo de agitación callejera CDR de Tarragona.

«No son bienvenidos en mi casa»

El ‘mecánico del odio’ fue denunciado la pasada semana por una pareja, un agente de los Mossos d´Esquadra y su pareja, miembro de la Policía Nacional después de que rechazara reparar cualquier coche «oficial o particular «del CNP «por ser cómplices de las cargas del 1-O».

Tras un breve discusión, Perelló fue denunciado y acabó en la comisaría de los Mossos donde aseguró que las Fuerzas de Seguridad del Estado «no eran binvenidas en su casa». El mecánico y los dos denunciantes delaraban este miércoles ante el juez. El imputado por un posible delito de odio se negó a contestar a las preguntas del magistrado y sólo contestó a las de su abogado.

Se ha personado la Abogacía del Estado

En la causa también se ha personado la Abogacía del Estado y se han solicitado más diligencias testificales que se practicarán en los próximos días.El abogado del mecánico pide el archivo del caso basando su defensa en que Perelló no incitó al odio, que hizo uso de sus «convicciones personales» y que no estaba obligado a prestar el servicio a la agente de Policía Nacional porque «su taller no es de esa marca».

El ‘mecánico del odio’ no es el único imputado por este tipo de delitos en Reus, Los juzgados de esta localidad instruyen 13 causas contra personas investigadas por incitación al odio, entre ellas, el alcalde de la localidad, Carles Pellicer (PDeCAT), seis concejales, cuatro bomberos y dos responsables de un gimnasio por alentar los escraches a la Policía Nacional en hoteles durante el pasado octubre.