España
Ministerio del Interior

Más de 700 cuarteles de la Guardia Civil afectados por un gas radiactivo que provoca cáncer de pulmón

Galicia encabeza el ranking de cuarteles afectados, con 196, seguida de Extremadura, con 162 y Andalucía, con 112

Hasta 710 cuarteles de la Guardia Civil, el 34%, están afectados por un gas radiactivo, el gas radón, cuya inhalación supone la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón después del tabaco, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Unos datos que ha reconocido el propio Ministerio del Interior y que ponen en jaque a miles de agentes y familias, ya que muchos de ellos son casa cuartel.

Galicia encabeza el ranking con más cuarteles afectados, con 196, seguida de Extremadura, con 162 y Andalucía, con 112. Este gas sale por las fisuras que hay en el suelo y si supera los índices fijados por la OMS hay que emprender acciones, cerrando las dependencias si es necesario o haciendo reformas para evitar que se filtre en las instalaciones. 

Las mediciones de gas radón están reguladas en el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes.

El artículo 75.1.c establece que los titulares de todos los lugares de trabajo situados en planta baja rasante o planta baja de los términos municipales de actuación prioritaria a los que hace referencia el artículo 79, «deberán estimar el promedio anual de concentración de radón en aire en todas las zonas del lugar de trabajo en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder por razón de su trabajo, excluidas las zonas al aire libre». 

Desde la publicación en el BOE de este Real Decreto, Interior contaba con un año y medio de plazo para realizar estudios, contratar y empezar las mediciones. En cuanto a las mediciones de gas, la norma entró en vigor en junio de 2024.

La Guardia Civil aseguró en septiembre de 2024 que había puesto en marcha un proceso de licitación para contratar a una empresa que realizara mediciones de este gas en los cuarteles y así evaluar los riesgos a los que se enfrenta el personal, como prueba un documento al que ha tenido acceso OKDIARIO y que acompaña a esta información.

El documento en el que Interior dijo en septiembre de 2024 que había iniciado un proceso de licitación.

Sin embargo, a día de hoy no hay rastro de licitación alguna y «actualmente siguen sin tomarse medidas preventivas que garanticen la salud de los trabajadores», según denuncia en este diario la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), la decana.

«Si no se hacen mediciones, no se pueden tomar medidas preventivas y el trabajador sin darse cuenta, porque es un gas que ni huele ni se nota, puede estar enfermando y acabar falleciendo e incluso que esa enfermedad no sea reconocida del trabajo», subraya Eugenio Nemiña Suárez, responsable jurídico de la AUGC, así como vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales. 

Este portavoz de la AUGC hace hincapié en que «el riesgo de exposición en 710 cuarteles de la Guardia Civil es muy elevado, ya no sólo por las zonas y por estar dentro de la cartografía publicada por el Consejo de Seguridad Nuclear, sino también por encontrarse gran parte de las dependencias en sótanos o plantas bajas». En este sentido, pone como ejemplo que en la Comandancia de La Coruña, el bar y diversos despachos y oficinas, así como vestuarios, se encuentran en la planta -1, y los calabozos de detenidos e instalaciones para su custodia en la -2.

La AUGC le imputa diversas infracciones

La AUGC considera que, con este comportamiento de inacción de la Guardia Civil se están cometiendo diversas infracciones en materia de Riesgos Laborales que ponen en peligro la salud de los trabajadores, entre ellas no realizar las mediciones a las que le obliga la ley; ante la falta de mediciones, no haber iniciado medidas preventivas; «y lo que es más grave, que entre que se realiza la futura licitación, y que las mediciones no deben hacerse en verano por los resultados más bajos, se retrasen todavía más estas medidas».

Asimismo, señala, entre otras irregularidades, el no informar a los trabajadores de las zonas afectadas del riesgo al que están expuestos, ya que «desde el Servicio de Prevención nadie se ha dirigido a ellos», y el que no se haya tenido en cuenta el especial riesgo que supone el gas radón para las trabajadoras embarazadas.

Licitación ‘fantasma’

La AUGC sostiene que el Ministerio del Interior «se inventó» en septiembre de 2024 la citada licitación para tapar su «inacción» y con ello tratar de desactivar las alarmas encendidas en la asociación ante este «incumplimiento». 

Fueron las reiteradas preguntas de Eugenio Nemiña exigiendo información de qué medidas se habían adoptado las que motivaron el citado escrito de la Benemérita informando que estaba en marcha una licitación.

En dicho documento, firmado por un coronel jefe el 25 de septiembre de 2024, se indicaba que «la problemática relativa a las infraestructuras de la Guardia Civil en áreas de afectación de gas Radón» había motivado que la Benemérita «haya iniciado un proceso de licitación con vistas a contratar a una empresa externa que realice mediciones del gas radón en aquellas dependencias o unidades que son susceptibles de estar expuestas al citado gas y, por consiguiente, poder realizar una evaluación de los riesgos relacionada con el personal del Cuerpo que presta servicio en las mismas».

Señalaba que para ello, previamente, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, «tomando como referencia el anexo B del Documento Básico HS6 (Protección frente a la exposición al radón) del Código Técnico de Edificación, ha identificado los acuartelamientos ubicados en las zonas con mayor riesgo de exposición al gas radón, de modo que se agilice el proceso de medición». 

Al no ser localizada por la AUGC licitación alguna sobre este asunto en la Plataforma de Contratación del Sector Público, Nemiña requirió también en numerosas ocasiones que se indicara el número del expediente, una de ellas por escrito el 9 de octubre de 2024 dirigida al presidente de la Comisión de Riesgos Laborales.

Al no recibir ninguna respuesta, la asociación presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo en diciembre de 2024, así como ante el Consejo de Seguridad Nuclear «por si, como viene siendo habitual en la Guardia Civil, eludía sus obligaciones en la protección de la salud de los trabajadores», para tratar de conseguir que pudiera quedar todo listo para poder realizar las mediciones cuanto antes.

Interior reconoce que no hay expediente

Dos meses después de la denuncia, en febrero de 2025, la Benemérita «reconoció en la Comisión de Riesgos laborales a viva voz que no había expediente alguno», informa a OKDIARIO Eugenio Nemiña, criticando la artimaña de Interior hablando de una licitación fantasma para tratar de desviar el foco y que un año después del citado documento siga sin haberla. «Cuando ya deberían sacarse mediciones, ni siquiera han hecho el contrato», critica este portavoz de la AUGC.

Algo de lo que tiene constancia porque como la denuncia aún no ha obtenido respuesta transcurridos siete meses de su presentación, consulta el Portal de Contrataciones de forma regular cada dos semanas para controlar la situación.  

«Si no se contrata una empresa para medir, no se sabe el nivel de gas radón que existe y no se pueden adoptar medidas para solucionar el problema. Ojos que no ven, corazón que no siente», lamenta Nemiña. Pero advierte que la AUGC no cejará hasta que Interior actúe y los agentes salgan del peligro en el que se encuentran actualmente.

La Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, establece en su artículo 54 la obligación de realizar mediciones en los lugares de trabajo. En su artículo 106 establece que los Estados miembro «pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido» en ella «a más tardar el 6 de febrero de 2018».

«Por ello, desde entonces nos ampara una Directiva que obliga al Estado español a adoptar medidas preventivas para la protección de la salud de los trabajadores», recuerda Nemiña Suárez, quien avanza en OKDIARIO que la AUGC no descarta denunciar ante la Comisión Europea los incumplimientos en esta materia.