Más de 1 millón de personas se han contagiado mientras Sánchez bloquea la ‘ley de pandemias’

Desde que decayó el estado de alarma, el pasado 9 de mayo, 1.164.166 personas se han contagiado en España, según reconoce el Ministerio de Sanidad. En este tiempo, las comunidades autónomas han batallado con el Gobierno por un paraguas legal que dé cobertura a medidas más estrictas, sin el embrollo de tener que recurrir a los tribunales. La Justicia ha evidenciado sus discrepancias, por ejemplo, en la aplicación del toque de queda. Desde el Partido Popular llevan meses pidiendo a Sánchez que apruebe una ‘ley de pandemias’, que ofrezca garantías a las comunidades autónomas.

El partido de Pablo Casado planteó su propuesta hace más de un año y registró en el Congreso ya antes de que expirase el estado de alarma su ‘plan B’ jurídico, una proposición que podría tramitarse de urgencia y en lectura única con el fin de estar en vigor cuanto antes, pero que Sánchez ha desoído sistemáticamente.

Se trata de una reforma de la Ley Orgánica de Salud Pública con el fin de que, en casos de pandemia, las comunidades autónomas puedan limitar la circulación de personas y el derecho de reunión sin necesidad de decretar el estado de alarma.

Según esta reforma, se concretaría el catálogo de actuaciones que pueden llevar a cabo las autoridades territoriales para proteger a sus ciudadanos, permitiendo por ejemplo «el sometimiento obligado de las personas sospechosas a observación de salud pública; el sometimiento a cuarentena o aplicar otras medidas sanitarias para las personas sospechosas; el sometimiento a aislamiento y a tratamientos, cuando proceda, a las personas afectadas; así como la localización de quienes hayan estado en contacto con personas sospechosas o afectadas».

También se dotaría de herramientas para poder «controlar o limitar las entradas y salidas de zonas afectadas o amenazadas y controlar o limitar el movimiento dentro de dicha zona, lo cual podrá afectar al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas, así como el derecho de reunión que podrá estar condicionado en su ejercicio, tanto en lugares determinados, como en el número de personas». Las medidas, aclara la iniciativa de los ‘populares’, «se tomarán conforme a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad».

«Desprotegidos»

Desde el PP insisten en exigir la aprobación de esta ley, en un momento en que la incidencia acumulada -si bien se ha reducido en los últimos días- sigue estando en niveles preocupantes por encima del «riesgo extremo».

Sánchez, que ya ignoró la entrada de la variante Delta del coronavirus -mucho más contagiosa y responsable del incremento de contagios- ha descartado sistemáticamente la propuesta de los ‘populares’ alegando que «el estado de alarma es el instrumento más eficaz para poder hacer frente a esta pandemia y a potenciales pandemias que pueda haber en el futuro».

En pleno verano, con el aumento de desplazamientos y contactos, el PP ha acusado a Sánchez de haber dejado «desprotegidos» a los ciudadanos en términos jurídicos.

«Una legislación específica es necesaria cuanto antes, una legislación orgánica de pandemias donde se traten todos estos temas y establecer y determinar posibles limitaciones a derechos fundamentales con el fin de proteger la salud pública, como la vacunación obligatoria de personal médico o educación», sostiene Enrique López, responsable en materia de Justicia del PP.

Por su parte, la vicesecretaria general de Política Social del PP y vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha destacado también la necesidad de desarrollar esta ley para evitar las diferencias entre los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas.

Pastor ha recordado que esta ley ya se aplica en otros países europeos, como Alemania, y ha reprochado a Sánchez que mire para otro lado «cuando hay problemas». El PP ha afirmado que, cuando gobierne, aprobar esta ley será una de sus prioridades.