Marlaska impone la ‘muerte laboral’: condena a los guardias civiles heridos al retiro forzoso pese a poder trabajar

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 30/01/2026 05:47
  • Actualizado: 30/01/2026 05:47

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, impone la muerte laboral a los guardias civiles heridos, pese a que pueden y quieren trabajar: se resiste a recolocar a los agentes con incapacidad permanente, pese a que está obligado por ley a adaptarles los puestos de trabajo. Una situación que, además, supone un despilfarro de dinero público, ya que se les manda a su casa cobrando una pensión cuando podrían estar desempeñando su labor, como es su deseo.

El ministro tenía un año, desde marzo de 2025, para presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto normativo en esta materia, tanto para policías nacionales como para guardias civiles. Sin embargo, ya han transcurrido 11 meses y todavía no ha llevado el texto al Consejo de la Benemérita, paso previo a su presentación en la Cámara Baja. Ni está previsto en el orden del día de las próximas reuniones.

Tampoco hay rastro de memorias justificativas o de planes normativos. De hecho, se niega a dar información al respecto. Los guardias civiles están que trinan con «su inacción» y, en consecuencia, la negativa a avanzar en los principios de igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad en el acceso y consolidación del empleo.

Retiro forzoso pese a ser válidos

En España, una incapacidad permanente puede ser compatible con trabajar siempre que el nuevo empleo no exija las funciones limitadas por las que se concedieron la incapacidad. Por ejemplo, podrían desarrollar trabajo de oficina. Sin embargo, hasta la fecha se les expulsa de la Guardia Civil, pese a ser perfectamente válidos.

Así le ha ocurrido, entre tantos otros, al joven guardia civil Jacobo Barchín, quien en 2020 tuvo un accidente en bicicleta que lo dejó postrado en una silla de ruedas y con apenas 30 años de edad fue empujado a un retiro forzoso que él nunca pidió. Este agente «no podía dar crédito a que como en pleno siglo XXI, en una institución tan valorada y respetada por los ciudadanos, podían suceder este tipo de cosas, cuando luego se le llena la boca de verdadera igualdad e inclusión».

Entonces, comenzó una batalla por otros compañeros que, como él, puedan enfrentarse a una discapacidad sobrevenida. Con el respaldo de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, llevó su voz desde el hospital hasta el Congreso, atravesando despachos y pasillos donde no solo habló de leyes, sino de dignidad, Justicia y derecho a seguir aportando.

Y logró su objetivo: el BOE publicó el 30 de abril de 2025 la ley 2/2025, de 29 de abril que modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente, y el de la Ley General de la Seguridad Social, en materia de incapacidad permanente.

Dicha norma señala en su disposición final tercera que «en el plazo de doce meses y en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo, el Gobierno presentará una propuesta de modificación de los regímenes del personal de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía y de las Fuerzas Armadas para garantizar la posibilidad de adaptar o cambiar el puesto de trabajo, en caso de incapacidad permanente absoluta, total o gran incapacidad, que será presentada como Proyecto de Ley».

Una reforma histórica que impedirá que nadie sea apartado sin que antes se busque una oportunidad real de adaptación. Barchín no volverá al servicio, pero gracias a él existe esta ley para que los agentes puedan conservar su puesto o sean recolocados.

Sin rastro de actuación

Si la ley da un plazo de un año es porque se necesita ese tiempo para fraguar este proyecto normativo. Sin embargo, hasta la fecha no consta información sobre este proyecto normativo ni en el Portal de Transparencia ni en el apartado de consulta pública previa del Ministerio. Y el artículo 6 de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno obliga a las Administraciones a publicar los planes y programas anuales y plurianuales.

Además, Interior no ha informado al Consejo de la Guardia Civil sobre dicho proyecto ni está previsto en sus próximas reuniones, a diferencia de lo ocurrido en precedentes legislativos similares, como la Ley de personal y la Ley de Código Penal Militar, que pasaron por el Consejo antes de publicarse.

Se le pide información y dice que tururú

Ante esta falta de información, al ver que pasaba el tiempo y que ni siquiera tras el verano hubo movimiento alguno por parte de Marlaska, el responsable jurídico de la AUGC, Eugenio Nemiña Suárez, también vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales, presentó el pasado 4 de noviembre un escrito ante el Ministerio reclamando conocer «en qué estado se encuentran los trabajos de dicho proyecto y si se tiene intención de presentar el texto en plazo».

Interior tenía un mes para dar respuesta a esta petición. Finalmente, en un escrito fechado a 12 de diciembre y notificado cinco días después, la Secretaría de Estado de Seguridad respondió inadmitiendo de plano la solicitud.

Para el responsable jurídico de la AUGC, «no hay lugar a dudas de que cuando no quieren contestar es que Interior no ha hecho nada ni quiere hacerlo». «Dice que tururú porque lo hemos pillado», apunta Nemiña, destacando que esta inacción «demuestra la nula voluntad de cumplir el mandato parlamentario».

Interior justifica su decisión alegando que se solicita información sobre «un proyecto que se encontraría en curso de elaboración», así como que «se pretende recabar una expresión de la voluntad o declaración de intenciones por parte de la Administración, solicitud que excede del ámbito de información pública».

Opacidad de la administración

El responsable jurídico de la AUGC, lejos de aquietarse, se ha alzado ahora ante el Consejo de Transparencia recurriendo la decisión y denunciando que «no es ajustada a Derecho y vulnera un derecho fundamental como es el acceso a la información».

Nemiña señala en el recurso que conocer si se han iniciado los trámites es «información fáctica sobre la actividad administrativa, no sobre el contenido material de la norma en borrador». Además, subraya que «denegar el conocimiento sobre si la Administración está actuando supone convertir la opacidad en la norma general, impidiendo al ciudadano saber si el Ministerio ha dado algún paso para cumplir» este mandato legal vigente desde abril de 2025.

Por otra parte, afirma que el Ministerio argumenta «indebidamente» que se solicita una «declaración de intenciones». «Esta afirmación es falaz», sostiene Eugenio Nemiña, destacando que el cumplimiento de la citada Ley 2/2025 es una obligación jurídica y que la actividad administrativa para cumplir dicha ley genera necesariamente documentos, y si el Ministerio no ha iniciado trabajo alguno, «la respuesta correcta es confirmar la inexistencia de información, no inadmitir la solicitud bajo el pretexto de que preguntar por el cumplimiento de la ley es pedir una opinión».

Por ello, reclama a Transparencia que exija a Marlaska información sobre el estado de tramitación administrativa en el que se encuentra el cumplimiento de la citada ley. Al menos, la fase procedimental actual.

«Es fundamental que el Gobierno y, en este caso, el Ministerio del Interior cumpla la ley. Si el propio Ministerio no cumple las leyes, ¿cómo podemos exigirle nosotros a los ciudadanos que lo hagan?», sentencia Nemiña, denunciando que «la situación actual demuestra que Marlaska quiere expulsar del cuerpo a toda costa a los agentes que tienen algún tipo de limitación».