Marlaska gasta un 60% menos que en 2008 en reponer el equipamiento obsoleto de Guardia Civil y Policía

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska destina un 60% menos que en 2008 a las inversiones para reponer el material obsoleto de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. El Tribunal de Cuentas denuncia que los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE), de 2023, son «insuficientes para financiar» la «reposición de sus equipamientos», entre los que están las obras de los cuarteles, aeronaves o embarcaciones, entre otras.

El órgano fiscalizador de las cuentas públicas ha constatado una infrafinanciación del programa 132-A de los presupuestos. Esta es la partida destinada a garantizar la «seguridad ciudadana» y que reciben la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Ese apartado, según el propio Gobierno, tiene como objetivo dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de medios para luchar contra «el terrorismo internacional, el crimen organizado, la ciberdelincuencia, el tráfico de armas, la inmigración irregular, las catástrofes climáticas o de carácter industrial, alimentario o energético».

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas expone la exigua cantidad con la que cuentan Policía Nacional y Guardia Civil debido a la escasa dotación presupuestaria que ha dispuesto el Gobierno para ellos.

«La asignación de créditos para inversión del Programa 132-A de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 era inferior en términos cuantitativos a la consignada en la Ley de PGE para 2008, tanto en términos nominales (un 67% inferior en 2023) como reales (un 34% inferior)». Todo ello puede leerse en el Informe de Fiscalización operativa de la planificación y gestión de inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior, durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

«Insuficiencia estructural»

El órgano fiscalizador de las cuentas públicas define esta situación como «una insuficiencia estructural de recursos para la financiación de inversiones del Ministerio del Interior» dependiente de Marlaska.

Tanto es así que el Tribunal de Cuentas advierte de que «no existe financiación para dar curso a las necesidades de inversión recogidas en las propuestas de las distintas unidades».

De ese modo, cuando ha sido necesario, las «inversiones cuantitativamente más significativas», entre las que se cuentan los edificios de obra nueva (centros penitenciarios, acuartelamientos, comisarías), las aeronaves o las embarcaciones, se han tenido que financiar con «recursos extraordinarios» diferentes a las partidas presupuestadas.

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas señala que «los créditos consignados en el capítulo 6 de inversiones de los servicios presupuestarios asignados a la DG de la Policía y a la DG de la Guardia Civil son insuficientes para financiar un nivel de inversión que permita una reposición de sus equipamientos».

Al Tribunal de Cuentas le llama la atención la diferencia con el presupuesto de hace 17 años, a lo que se suma. Una brecha aún mayor si se tiene en cuenta la inflación desbocada que ha vivido nuestro país desde entonces. «No se ha alcanzado la dotación de crédito para inversión existente 14 años antes en este programa, lo que revela las limitaciones de recursos para renovar los equipamientos del Ministerio del Interior», añade el documento.

En 2008, los Presupuestos Generales del Estado asignaron 451 millones de euros al capítulo de inversiones para la seguridad ciudadana. Si bien en ese momento el contexto era diferente, como señalan fuentes consultadas, debido a la actividad de la banda terrorista ETA, la diferencia es reseñable. La cantidad destinada de forma ordinaria en las últimas cuentas públicas era de 274 millones.

Abuso del crédito extraordinario

La escasa dotación presupuestaria que previeron los últimos presupuestos provocó que las medidas excepcionales se convirtieran en habituales. Y es que era la única forma de sufragar las necesidades para garantizar la seguridad ciudadana. «Las generaciones de crédito, que son recursos extraordinarios, han devenido en un recurso esencial para completar la dotación de créditos del capítulo 6», expone el informe del Tribunal de Cuentas.

No es la única herramienta de la que ha tenido que hacer uso el Gobierno para poder complementar su infrafinanciación: «Se ha precisado ampliar sistemáticamente los límites de compromisos de gasto de ejercicios futuros». Es decir, que se ha gastado dinero de los siguientes años para pagar las necesidades actuales.

Todos estos presupuestos excepcionales, sin embargo, no han servido para sufragar los gastos necesarios, «resultando, incluso, insuficientes los créditos» extraordinarios, tal y como expone el informe del órgano fiscalizador de las cuentas públicas.