Marlaska acerca al etarra que se negó a colaborar con el juez para condenar a la jefa de ETA ‘Anboto’

Más beneficios penitenciaros a miembros de ETA en plena negociación del Gobierno de Pedro Sánchez con Bildu para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. El etarra Agustín Almaraz, alias ‘Patxi’, condenado por el intento de asesinato del ex consejero de Interior vasco Juan María Atutxa, cumple condena desde esta semana a 500 kilómetros menos de distancia de su casa. Ha sido trasladado de la prisión de El Puerto I (Cádiz) a la de Estremera (Madrid), a pesar de que no ha cumplido el requisito de colaboración con la Justicia. Este mismo mes de julio fue citado como testigo al juicio contra la ex jefa de ETA, Soledad Iparraguirre ‘Anboto’, y pese a que estuvo bajo sus órdenes -como él mismo reconoció en sus interrogatorios-, le respondió al juez: «No sé quién es».

Uno de los requisitos que deben cumplir los etarras a la hora de beneficiarse del acercamiento a una cárcel más próxima al País Vasco -o directamente allí- es el de colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de sus crímenes y en el de otros cometidos por la banda de los que tengan algún conocimiento. Pero rara vez se cumple, tal y como denuncian habitualmente desde las asociaciones de víctimas del terrorismo.

Así ha ocurrido con uno de los últimos acercamientos, que el Ministerio del Interior ha ejecutado esta misma semana. El etarra Agustín Almaraz, condenado por un intento de atentado con explosivos contra la vía férrea Irún-Madrid en 1993 y por participar en el intento de asesinato de Atutxa, tuvo la oportunidad este mismo verano de colaborar con la Justicia. Sin embargo, no la aprovechó.

Juicio a la sanguinaria ‘Anboto’

El pasado mes de julio, la Audiencia Nacional inició el juicio contra la ex jefa de ETA Soledad Iparraguirre. ‘Anboto’, como era conocida en la banda, tiene un largo historial criminal. Integró los comandos Araba y Madrid entre los 80 y los 90, y se le vincula con 14 asesinatos.

Hija de un miembro de ETA, Iparraguirre ocupó varios cargos directivos en la banda terrorista: fue jefa en la década de los 90 de los autodenominados comandos legales, y se ocupó de las operaciones de cobro y distribución del llamado impuesto revolucionario que permitía a la banda obtener fondos para seguir matando. Quien no lo pagaba, generalmente era liquidado, y frente a esa maquinaria se situaba ‘Anboto’. Fue detenida en Francia junto a otro jefe de ETA, Mikel Antza. Su pareja sentimental.

«No sé quién es ‘Anboto’»

A ese juicio fue llamado como testigo el ahora acercado Almaraz, que había estado escondido en un piso franco de ETA en Francia durante un largo periodo. Uno de sus compañeros en aquel refugio declaró tras su detención que ‘Anboto’ les había visitado y que «les riñó»  porque llevaban mucho tiempo sin cometer asesinatos. Tras aquella riña, confesó el etarra a la Policía, «se pusieron las pilas».

En su turno, cuando el juez le preguntó por Iparraguirre a Almaraz  -que había confesado tras su detención  haber coincidido en ese piso con ella-, el etarra ahora acercado retó a la Sala de la Audiencia Nacional con un «no sé quién es Soledad Iparraguirre». No era la primera vez que se negaba a colaborar. Durante el juicio por el que se le condenó, en el 2000, se quedó callado mientras el juez le preguntó insistentemente si otro histórico jefe de ETA, Javier Arizkuren Ruiz, alias ‘Kantauri’, le había ordenado matar a Atutxa con un rifle con mira telescópica.

Su otro compañero, Ibón Etxezarreta, también citado como testigo en el juicio contra ‘Anboto’ de julio, se negó a colaborar respondiendo en idénticos términos. En su caso, «no lo recordaba». Hoy, Etxezarreta también ha recibido beneficios penitenciarios y ya sólo acude a la cárcel a dormir. Aún así, pese a que los dos etarras no colaboraron con el juez, la ex jefa terrorista fue condenada a 122 años por asesinato.

Pese a este grado de colaboración con la justicia, Almaraz ha pasado de estar en el Puerto de Santamaría, a 1.020 kilómetros de Bilbao donde reside su familia, a Estremera (Madrid), a 520 kilómetros.

El Gobierno lo oculta

Mientras, el Gobierno oculta al Congreso de los Diputados los expedientes administrativos tramitados por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para decidir los acercamientos y beneficios penitenciarios a presos de ETA, así como los criterios aplicados para autorizarlos.

La solicitud fue cursada por Vox, a través de una batería de preguntas por escrito y la petición de los correspondientes expedientes de traslado, progresión de grado y flexibilización de la ejecución de condena por aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. El partido de Santiago Abascal remitió más de 50 preguntas, interesándose, caso por caso, por el más de medio centenar de terroristas beneficiados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En cada una de las preguntas, la formación solicitaba información concreta sobre varios asuntos: si el etarra había pedido «perdón expreso a las víctimas», si reconocía el daño causado, si había colaborado con la Justicia «para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada o para la identificación y captura de sus responsables» o si se desvinculaba de la organización terrorista y asumía la legalidad penitenciaria.

El Ejecutivo se limita a responder de forma vaga y genérica, remitiéndose a una intervención de Grande-Marlaska en el Congreso, el pasado 24 de junio, en respuesta a una pregunta del diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, sobre la negociación para el acercamiento de presos de ETA al País Vasco.