Le sustituye Jorge García Castaño (Podemos)

Carmena se carga a Sánchez Mato por rebelarse contra el nuevo plan económico avalado por Montoro

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La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha destituido a su concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, según informa Telemadrid. Su sustituto será Jorge García Castaño, edil de Chamberí y Centro.

La regidora ha firmado el correspondiente decreto tras conocer que Sánchez Mato, de IU, no acudiría a la sesión plenaria para aprobar un nuevo Plan Económico y Financiero (PEF) tras la intervención de Cristóbal Montoro para poner en orden las cuentas de la capital.

En un mensaje en Twitter, Sánchez Mato ha asegurado que «ha sido un privilegio trabajar por Madrid desde el Área de Economía y Hacienda durante estos dos años y medio. Un 10 a todo mi maravilloso equipo y al funcionariado. Los errores son míos. Los aciertos colectivos».

El Plan Económico Financiero 2017-2018 ha superado ya la Comisión extraordinaria de Economía y Hacienda, en la que García Castaño ha asumido sus nuevas funciones, y cuenta, según Carmena, con la «concurrencia» de Hacienda al cumplir «escrupulosamente» los requerimientos de Montoro, lo que conlleva retirar de las cuentas más de 500 millones de euros en este ejercicio.

Por ello, la Coordinadora de IU Ciudad decidió anoche exigir una consulta sobre el PEF a las bases de Ahora Madrid y posponer el Pleno municipal, que debate una propuesta elevada por el área de Sánchez Mato pero negociada en primera persona por la alcaldesa de la ciudad y su mano derecha, la primera teniente de alcalde, Marta Higueras.

Carmena tiene a IU en su contra

A IU pertenecen otros dos ediles del Gobierno de Ahora Madrid, el tercer teniente de alcalde Mauricio Valiente y Yolanda Rodríguez, al frente de los distritos de Ciudad Lineal y Hortaleza, mientras que las críticas por cumplir con Hacienda se extienden además a los concejales de Ganemos, el ala más radical de la candidatura, donde figuran Rommy Arce, Pablo Carmona y Monserrat Galcerán.

Estos concejales rechazan el cumplimiento de una regla de gasto que consideran injusta y la imposición de ajustes por parte de Hacienda.

Tras el incumplimiento en 2015 y 2016, que impide que el gasto de los consistorios crezca por encima de la tasa de referencia del PIB aunque haya superávit, Hacienda pidió a la capital presentar cada semana un certificado de sus cuentas para garantizar el acatamiento de la norma.

Además, entre noviembre y diciembre el Consistorio ha tenido que inmovilizar 306,9 millones de las cuentas municipales, 133,9 de ellos pendientes de ser aprobados en Pleno, que se suman a los 238 millones inmovilizados en primavera.

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