La manipulación de las palabras de Llarena pone en peligro la demanda de Puigdemont en Bélgica
La alteración de las palabras del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en la demanda presentada por Carles Puigdemont en Bélgica por su supuesta falta de imparcialidad en la causa contra el independentismo catalán complica su admisión a trámite.
El expresidente catalán fugado junto a otros 4 exconsellers presentaron ante el tribunal belga dicha demanda por la presunta «falta de imparcialidad y la vulneración de los derechos de los investigados por parte del magistrado».
La defensa de Puigdemont sustentaba parte de la demanda en unas declaraciones realizadas por el magistrado en las que descartaba que los investigados en la causa sobre el ‘procés’ lo estén siendo por «motivos políticos» y aseguraba que trataba de determinar si han cometido delitos recogidos en el Código Penal.
Llarena afirmaba textualmente: «No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados».
Sin embargo, en dicha frase traducida al francés para presentarla ante el tribunal belga, se cambiaba el argumento condicional del instructor, por una afirmación categórica, para cuestionar su imparcialidad: «Con independencia de cual haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados».
Según las fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO, dicha traducción «sea errónea o con intención de confundir al tribunal belga, complica mucho la admisión a trámite de la demanda». «Si ha sido un error de traducción, el despacho de abogados de Puigdemont da muy mala imagen al juez, y si ha sido con ánimo de engañar al tribunal, han quedado como unos tramposos y la demanda tendría que ser inadmitida».
En el caso de que hubiera sido una traducción malintencionada, la mentira sería desenmascarada muy pronto, ya que el vídeo con las manifestaciones del magistrado y las transcripciones habrían sido visionadas por el tribunal y las partes durante la presentación de las pruebas, tras una traducción jurada.
No obstante, estas mismas fuentes descartan que este caso se pudieran enmarcar en un supuesto de «estafa procesal por alteración de pruebas», ya que «la demanda es civil, no se ha admitido todavía y mucho menos se han presentado las pruebas por las partes».
Llarena será defendido por el Gobierno
En referencia a la defensa en Bélgica del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, el Gobierno anunciaba este domingo que había atendido todas las indicaciones del CGPJ “hasta este momento” en relación a la demanda contra el juez del Tribunal Supremo para defender los intereses del país, y que atenderá las peticiones “de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española” que en el futuro pueda realizar el Poder Judicial.
Previamente, el jueves el Ministerio de Justicia había descartado la defensa de Llarena asegurando que ante las “expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena”, el Gobierno no podía «actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función”.
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