López Madrid contactó con altos cargos de la Administración para adjudicaciones, según la UCO

El exconsejero delegado de OHL Javier López Madrid habría mantenido «contactos frecuentes y relaciones muy estrechas» con funcionarios y altos cargos de la Comunidad de Madrid «y de la Administración del Estado» para obtener «trato de favor» en adjudicaciones para su empresa y filiales de la misma.

Según consta en un informe de la UCO sobre la investigación de la financiación ilegal del PP madrileño, del análisis de los soportes informáticos y las agendas personales intervenidos a López Madrid se deducen esos contactos «en el marco de la licitación de importantes contratos públicos por parte de la empresa OHL».

En este informe, del pasado junio y del que ahora se ha dado traslado a la partes al levantarse el secreto de sumario, la Guardia Civil sospecha que el yerno del expropietario de OHL, Juan Miguel Villar Mir, intermedió con altos cargos para obtener «tratos de favor a la hora de adjudicarse contratos o bien a la hora de ejecutar los mismos».

La investigación también ha revelado «la existencia de sólidos elementos probatorios que acreditarían» la intervención de López Madrid, junto a los cabecillas de Púnica David Marjaliza y el exconsejero Francisco Granados, en adjudicaciones a la empresa Obrum Urbanismo y Construcciones, vinculada a Marjaliza.

En concreto, esta constructora habría sido adjudicataria «de importantes contratos públicos vinculados principalmente con líneas de metro y metro ligero, adjudicados en los años 2004 y 2005 a través de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid y otros organismos públicos».

Según los datos recabados por los investigadores, la empresa Obrum participó en una UTE (Unión Temporal de Empresas) para la construcción de tramos del Metro Norte y del Metro Ligero de Boadilla del Monte (Madrid).

En estos hechos, la UCO sitúa también al empresario Jesús Miguel Trabada Guijarro, quien fuera consejero delegado de la extinta empresa pública Mintra y del que hoy se ha conocido su imputación en el caso Lezo en relación a las irregularidades en la adjudicación del tren de Navalcarnero.

Los numerosos correos electrónicos mantenidos entre Marjaliza y López Madrid, añade la Guardia Civil en el informe, «pondrían de manifiesto actuaciones preconcebidas en las que el primero actuaría como ‘conseguidor’ de los citados contratos».

Todo ello en las fechas en la que Granados «ejerció el cargo de Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, y en donde se llegan a pactar las comisiones por las adjudicaciones futuras y que finalmente fueron obtenidas, así como la metodología de canalización de beneficios» en la que se hacía uso de la empresa Aruba Gestión, controlada por Marjaliza.

A la Guardia Civil le llama además la atención la venta de una filial de OHL denominada ELSAN a la empresa Obrum Urbanismo y Construcciones, «tan sólo meses después de que Elsan consiguiese alzarse con una importante adjudicación donde habría intermediado»