La ‘Ley Bolaños’ obliga a maltratadas a declarar contra su agresor solas, sin abogado y por videollamada

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 17/01/2026 05:52
  • Actualizado: 17/01/2026 08:06

La conocida como Ley de Eficiencia de la Justicia, impulsada por el ministro Félix Bolaños, ya tiene consecuencias en la protección de las víctimas de violencia de género. La supresión de juzgados provoca que mujeres maltratadas se vean obligadas a desplazarse más de 80 kilómetros para declarar contra su agresor. En caso contrario, lo tendrán que hacer solas, sin la presencia de su abogado y por videollamada. Todo ello, advierten desde la Asociación de Fiscales (AF), tiene «efectos disuasorios» a la hora de interponer una denuncia.

La explicación radica en que la ley reduce el número de juzgados competentes en violencia de género y centraliza los juicios en la capital provincial, lo que se conoce como «comarcalización». Así, las víctimas que residan en localidades más alejadas tienen que desplazarse para poder declarar. En caso de que decidan hacerlo desde el juzgado de su localidad, lo harían de forma telemática, en una sala, y sin la asistencia de abogados ni fiscales. Es decir, solas.

Esta problemática ha sido denunciada por la Asociación de Fiscales, que insiste en el «caos» que ha supuesto la implantación de la ley y las evidentes e «importantes carencias de estudio» en los aspectos competenciales, tanto en la fase de instrucción como en la de enjuiciamiento.

Con ello, alertan de que la creación de tribunales comarcales de instancia en materia de violencia de género ha provocado que existan víctimas obligadas a desplazamientos grandes distancias o a comparecencias telemáticas «en perjuicio de la atención personal que exige la función protectora de fiscales y jueces».

Todo esto provoca una «revictimización» más que evidente y produce «efectos disuasorios» a la hora de interponer denuncia.

Pulseras antimaltrato

Esta nueva polémica en relación a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género se suma a la provocada por los fallos de las pulseras antimaltrato.

La Fiscalía General del Estado advertía en su memoria, correspondiente al año 2024, que se habían producido absoluciones por incidencias en estos dispositivos, así como con el prestador del servicio, como avanzó OKDIARIO.

La prestación del servicio del sistema de seguimiento corresponde a una empresa privada contratada por Igualdad que se encarga de instalar, monitorizar y desinstalar los dispositivos.

El ministerio, dirigido por Ana Redondo, minimizó estos errores, y el consiguiente riesgo para las víctimas, atribuyéndolos a meras «incidencias técnicas» debidas a un cambio de contrato.

Las memorias de la Fiscalía a lo largo de estos años, en los que el Gobierno ha presumido de su protección a las víctimas de violencia de género, constatan las múltiples deficiencias en seguridad.

Uno de los aspectos más repetidos es la falta de personal y recursos para la elaboración de los informes forenses de valoración, una prueba relevante y pertinente para determinar el riesgo que corre la víctima.

También se destaca que «razones geográficas» dificultan en algunas provincias la «utilización» de las pulseras telemáticas.

Por otro lado, el Gobierno también ha admitido que el servicio de teleasistencia para las víctimas de violencia de género (Atenpro) tampoco funcionó cuando fallaron las sistemas antimaltrato.

En un reciente real decreto para la concesión de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la prestación de este servicio se informa que este verano hubo «carencias en la cobertura móvil en zonas rurales», donde también se registró el mal funcionamiento de las pulseras.