La ley anticorrupción de Sánchez excluye a familiares como Begoña y sólo alude a partidos y altos cargos

La ley del Gobierno de Pedro Sánchez para luchar contra la corrupción no incluye a los familiares como Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, entre las figuras reguladas. La norma sólo alude a la puesta en marcha de «reformas legales para reforzar la transparencia y el control sobre altos cargos y partidos políticos».

El Ministerio de Hacienda de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha elevado este miércoles a consulta pública previa el anteproyecto de Ley Orgánica de implementación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Este es el primer paso para aprobar este tipo de leyes y deja ver las líneas generales de la futura norma. Y el objetivo que aseguran perseguir es «la prevención y el castigo de conductas corruptas para seguir avanzando hacia una Administración más íntegra y transparente».

Concretamente, esta ley viene a responder a las pautas marcadas por el Gobierno, que establecen la «prevención» de la corrupción a través de las «reformas legales para reforzar la transparencia y el control sobre altos cargos y partidos políticos». Un punto en el que, sin embargo, sigue dejándose de lado a los familiares y el entorno del presidente. La falta de regulación ha permitido, presuntamente, situaciones como la que está investigando el juez Juan Carlos Peinado en la causa contra Begoña Gómez.

El «objetivo esencial» de la ley, tal y como delimita el propio documento sometido a consulta pública, es establecer una norma «para reforzar la integridad pública y combatir la corrupción pública y privada en todas sus fases y dimensiones».

Cabe recordar que la mujer de Sánchez está, precisamente, imputada por corrupción en los negocios y malversación de fondos públicos, además de por apropiación indebida y tráfico de influencias.

Además de todo ello, el Gobierno pretende «mejoras de racionalización en la gestión y aumento de transparencia en la contratación y subvenciones públicas». Precisamente, unos de los hechos bajo sospecha en el caso Begoña Gómez es la contratación de Juan Carlos Barrabés, empresario y socio de la mujer del presidente, después de que la esposa del líder socialista remitiera unas cartas de recomendación a favor de la adjudicación de contratos públicos a la empresa Innova Next SLU y a la unión temporal de empresas (UTE) de la que formaba parte su socio. En total, Barrabés recibió 10 millones de euros de Red.es por varias contrataciones.

Excluida del conflicto de intereses

No es la primera vez que el Gobierno deja fuera de este tipo de regulaciones al entorno del presidente, a pesar del clamor popular para establecer normativas que controlen su figura. El Ejecutivo tampoco optó por incluir a los familiares o el entorno del jefe del Gobierno en la lista de sujetos que tendrían que rendir cuentas en caso de conflicto de intereses en la administración pública. Así aparecía en el primer paso normativo que ha dado el Ejecutivo para asegurar la transparencia y el «buen gobierno» del Estado.

De ese modo, no se incluiría en el aumento de controles a la mujer del presidente del Gobierno o al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

En el caso de éste, la juez Beatriz Biedma, instructora de su causa, ordenó la apertura de juicio oral contra él y otros altos cargos del PSOE por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

Cuarta comparecencia de Begoña Gómez

Todo ello en el mismo día en el que la mujer de Sánchez ha tenido que comparecer por cuarta vez ante el juez Peinado. En esta ocasión, Begoña Gómez declaró sobre la contratación de su amiga Cristina Álvarez como Directora de Programas en La Moncloa, que, en la práctica, actuaba como secretaria personal de la esposa del líder socialista en sus actividades privadas.

Begoña Gómez aseguró que su asesora le ayudó en sus negocios con algún «favor excepcional» y admitió que fue contratada en La Moncloa por ser su «amiga».