La Fiscalía pide 54 años de cárcel para el ex número 2 del PNV en Álava

Hasta 26 personas se sentarán en el banquillo entre ex cargos públicos y orgánicos del PNV por el ‘caso de Miguel’, que lleva el apellido del cabecilla, número 2 del partido por Álava hasta su detención en 2010, para el que la Fiscalía Provincial pide 54 años y diez meses de prisión y 25 millones de fianza por liderar una «trama delictiva» para el cobro de comisiones ilegales.

Alfredo de Miguel está acusado de delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o blanqueo de capitales, es decir, por corrupto en la práctica totalidad de las competencias de un representante de los ciudadanos. Por descontado, se solicita la inhabilitación para la actividad política, de la que se habría servido para enriquecerse.

El ex dirigente ‘jeltzale’, según el fiscal, «aprovechándose de las responsabilidades políticas y/o administrativas que ostentase en cada momento por su pertenencia al PNV, y contando con la ayuda o colaboración personal o societaria de otros acusados, algunos de los cuales también tenían responsabilidades», utilizó este entramado «para obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas».

La red que, según el fiscal, diseñó De Miguel, se dedicaba, principalmente, a «obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes administraciones o entes públicos gobernados por el PNV». Estas contrataciones, según el escrito, se adjudicaban a empresas propiedad del nacionalista, como Kataia Consulting, o a terceras personas u otras empresas con las que De Miguel «mantenía relación o vinculación de una u otra manera».