El juicio del Pazo de Meirás irrumpe en las elecciones gallegas: los testigos declaran antes del 12-J

La disputa del Gobierno contra los Franco por el Pazo de Meirás irrumpe en plena campaña electoral en Galicia. El juicio que enfrenta al Ejecutivo de Pedro Sánchez con los herederos del dictador sobre la propiedad del histórico inmueble tendrá lugar en La Coruña durante los próximos días 6 a 10 de julio, y arrancará con las declaraciones de todos los testigos citados por la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de la ciudad.

Un total de cuatro historiadores -entre los que se encuentran Xosé Manuel Núñez Seixas, Carlos Babío (autor del libro ‘Un Pazo, un caudillo, un expolio’, Manuel Pérez Lorenzo y Emilio Grandío, a propuesta de la Xunta- tratarán de convencer a la juez de que la compraventa en 1941 del Pazo de Meirás por Franco no fue válida y que, por lo tanto, sus hijos y nietos no lo han poseído de buena fe tras la muerte de éste.

Todos los testimonios se producirán en el transcurso de la campaña previa a las elecciones autonómicas en Galicia, convocadas el próximo domingo día 12 de julio, tras el aplazamiento obligado de la fecha inicialmente fijada el 5 de abril, por la crisis sanitaria del coronavirus.

Mala fe

El éxito del Gobierno en el caso será la capacidad que tenga para probar que el dictador compró de «mala fe» el histórico inmueble. De lo contrario, expertos juristas señalan a OKDIARIO que, según lo expuesto en la demanda presentada por la Abogacía del Estado, los letrados públicos lo tendrán muy complicado.

Los herederos del dictador se encuentran protegidos por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. La norma reconoce que «el tercero que de buena fe» -en este caso Franco- que «adquiera» previo pago algún derecho de otra persona -la familia Pardo Bazán- «que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo», será «mantenido en su adquisición». De manera que una vez se haya formalizado el trámite registral -la compraventa del 41 es la única operación que consta inscrita- «aunque después se anule o resuelva la del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo Registro» la propiedad posterior se salvaguarda.

Es decir, tal y como apuntan las mismas fuentes, que existiese «mala fe» en la operación de venta de los Pardo Bazán no afectaría a la compra de Franco, salvo que la Abogacía del Estado pueda desmontar la presunción de buena fe de éste, tal y como exige la normativa registral.

Los Ayuntamientos de Sada y La Coruña, también personados en la causa, se adhirieron desde un primer momento a las alegaciones de la Abogacía del Estado y todos ellos han mantenido hasta la fecha una estrategia procesal similar en la defensa de sus posiciones. Sin embargo, los letrados públicos tuvieron que virar en sus planteamientos jurídicos iniciales a petición del Gobierno quien, en contra del criterio técnico, decidió seguir pleiteando contra los Franco para integrar el Pazo de Meirás en el patrimonio público del Estado.

La propia Abogacía analizó esta posibilidad, en 2018, y la tumbaba por completo por la ausencia de respaldo legal. OKDIARIO publicó, en exclusiva el informe sellado el 4 de abril de dicho año y elaborado por el abogado del Estado encargado del estudio, encargado por Patrimonio Nacional, de las posibilidades legales de llevar a cabo esta reclamación que el Gobierno ocultó. La contestación no pudo ser más demoledora: «Al no haber sido nunca propiedad del Estado, ni pudo ni puede integrarse en Patrimonio Nacional».

El equipo jurídico actual de Sánchez conoce la existencia del informe pero han seguido adelante con una reclamación que, a buen seguro, tendrá interpretación en clave política en los días previos a los comicios autonómicos en Galicia. El informe en cuestión fue elaborado tras «la solicitud formulada por la vicepresidenta de la Diputación provincial» de La Coruña, «relativa a la situación de la finca denominada Pazo de Meirás, ubicada en el término municipal de Sada», tal y como relata el propio dictamen jurídico.

Las pólizas de seguro

A todo ello hay que sumar que, a comienzos de este mismo año, durante la audiencia previa celebrada el pasado 31 de enero, la juez que decidirá sobre la reclamación del Gobierno de Sánchez a la familia Franco y la sociedad PRISTINA S.L., propietarios del Pazo de Meirás, admitió como prueba los documentos que acreditan que el dictador pagó a título particular todos los impuestos, seguros, contribuciones y rentas vinculadas al Pazo de Meirás, durante los más de 30 años que transcurrieron desde que adquirió el mismo hasta su fallecimiento, en 1975.

OKDIARIO publicó en exclusiva, también en aquella ocasión, las pólizas y declaraciones de IRPF que la magistrada de La Coruña incorporó a la documentación de la causa que se discutirá durante la semana del juicio. Un procedimiento en el que la familia aseguró que acreditará que -en contra de la tesis de la Abogacía Pública y la de los letrados de la Xunta de Galicia- el Estado nunca atendió «los gastos vinculados a la propiedad» del histórico inmueble.

Estos siempre «fueron asumidos y sufragados por Don Francisco Franco» y así «se incorporaron a sus preceptivas declaraciones» de rendimientos, ya que, como «propietario del inmueble», el dictador «tributaba» por los beneficios de «las explotaciones agrícolas y ganaderas» que se desarrollaban en el Pazo de Meirás «desde los años 40 del siglo pasado», indicaron los abogados de la familia en el escrito de contestación a la demanda presentada por el Gobierno, en septiembre de 2019, en sede judicial.

Así lo acreditan todas las pólizas de seguro que Franco contrató sucesivamente a favor del inmueble. «Todas ellas» suscritas y pagadas por éste «a título personal», defenderán los abogados designados por los herederos.