El juez investiga a la interventora de la Generalitat por el desvío de fondos de Montoro al 1-O

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 18/02/2018 02:52
  • Actualizado: 18/02/2018 18:37

El juez acaba de poner en duda todo el sistema de control catalán del FLA durante los años 2016 y 2017. El esquema de control de los gastos para garantizar que los fondos nacionales del rescate autonómico acababan en fines lícitos se basaba en la supervisión inicial de la interventora catalana Rosa Vidal.

Posteriormente el Estado comprobaba la asignación de los gastos, pero la primera responsabilidad era la de la Interventora General de la Generalitat de Cataluña. Y el juez acaba de ordenar que se “investiguen” todas las “autorizaciones y firmas de contratos, gastos y pagos” de la “actual interventora durante los años 2016 y 2017”, tal y como recoge el documento judicial al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El juez se ha cansado del tira y afloja. Tras recibir todos los informes de la Guardia Civil quejándose de la falta de colaboración de la Generalitat en el envío de datos, ha tomado la decisión de abrir en canal las cuentas de la Generalitat –tal y como adelantó este diario– y de someter a una investigación profunda todas y cada una de los “autorizaciones y firmas de contratos, gastos y pagos sobre documentos en papel y de forma electrónica” realizados por Rosa Vidal.

Los datos obtenidos de esa investigación serán cruzados con los datos de los desembolsos reales efectuados por la Generalitat y por el resto de asociaciones, entidades o personas físicas “relacionadas” con el golpe del 1-O. Y del resultado de ese cruce de datos podrá salir, no sólo la verdad sobre el uso de fondos públicos y procedentes del Estado, sino también la responsabilidad que hayan podido tener en ese gasto ilegal los miembros del Govern, sino también la propia interventora cuya obligación es impedir el gasto en fines distintos a los aprobados y, aún más, si se trata de desembolsos ilegales.

Petición del juzgado de Instrucción nº 13

La decisión la ha tomado el mismo juez del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que remitió un reciente escrito en el que consideraba abiertamente que el referéndum ilegal del 1-O fue financiado con recursos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). OKDIARIO ha venido contando de qué manera se camuflaban partidas de fondos públicos destinados a pagar la factura del ‘procés’.

Tal y como reflejaba el escrito del juez, resulta “evidente” que el importe destinado a la celebración del referéndum “debe atribuirse” al menos en parte al dinero obtenido de dicha línea de crédito estatal.

Así lo planteaba el juez en un auto en respuesta a la defensa de Josep María Jove, el que fuera número 2 del ex vicepresidente del la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras en la cartera de Economía, quien cuestionaba la falta de legitimidad de los Servicios Jurídicos del Estado en este asunto.
El auto, de 20 de enero, detallaba que la Comunidad Autónoma de Cataluña había recibido 6.664,8 millones de euros en año 2012, a los que siguieron 10.050,6 millones en 2013, 7.912,9 en 2014, 11.133,58 en 2015, 10.090,66 millones en 2016 y 7.757,2 millones de euros el año pasado.

De forma contundente, el juez afirmaba que estas cantidades representaban una parte importante de los ingresos anuales de la Generalitat y que, con el objetivo de celebrar el referéndum del 1-O y a ante la imposibilidad de poder atribuir un gasto concreto a una determinada partida, es por lo que dichos gastos fueron imputados al FLA percibido en el año 2017.

Ahora, el mismo juez pone en duda todo el esquema de control de la interventora catalana. La misma, por cierto, que ha estado remitiendo las negativas a las peticiones de datos contables del juez porque, según ella, no existían ningún asiento contable relacionado con el 1-O.

Hay que recordar, además, que la propia Guardia Civil ha dejado constancia por escrito antele juez del bloqueo de información y la falta de colaboración a la que les tiene sometidos la Generalitat pese a estar en pleno 155. La queja llegó a tal punto que el juez pidió a los Ministerios de Economía y Hacienda que tomasen cartas en el asunto y asumiesen ellos las órdenes de lograr los datos, mandato que han trasladado ya a los responsables en la Generalitat.