El juez exige a Dina que no comparta abogado con Iglesias tras las trampas procesales de ambos

El juez Manuel García-Castellón insta a Dina Bousselham a designar un abogado de su confianza distinto al que representa a Pablo Iglesias porque existe un conflicto de intereses. Hasta el momento, la ex asesora de Podemos compartía la representación letrada con el vicepresidente del Gobierno en el caso que investiga la sustracción de su móvil. Sin embargo, tras las pesquisas que sitúan a Iglesias como posible autor de dos delitos, el magistrado ha ordenado un cambio en la representación letrada de la ex asesora de Podemos o, en su caso, la asignación de un abogado de oficio.

En el auto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el instructor asegura que «es necesario garantizar la pretensión de Dina Bousselham en su legítimo derecho a ejercer la acción penal y esclarecer el delito, frente a una representación empeñada en limitar esta actuación», dice en referencia a la abogada Marta Flor Núñez que actualmente representa a Iglesias y a Bousselham.

Dina confesó al juez que Iglesias le entregó la tarjeta de memoria de su teléfono móvil totalmente destrozada. Los investigadores de la Policía Científica confirmaron el mal estado en el que se encontraba la tarjeta SD. El magistrado, en línea con los fiscales anticorrupción, acordó retirar la condición de perjudicado a Pablo Iglesias y sopesó que el líder de Podemos pudo haber cometido dos delitos: descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos.

Sin embargo, y por sorpresa, la ex asesora podemita presentó después al juez una extraña carta en la que se retractaba de su declaración, llegando incluso a culparse de mentir en sede judicial con el único objetivo de salvar a Iglesias.

Conflicto de intereses 

El magistrado señala que Bousselham ha mostrado «en sus propias manifestaciones» un interés inequívoco de perseguir el delito. Tan es así que en el escrito presentado el pasado 8 de junio manifestó «interés en que se esclarezcan los hechos, con la práctica de las diligencias practicadas y otras solicitadas que pudieran practicarse, a los efectos de esclarecer respecto a la sustracción de mi móvil, si la misma un hecho causa o una actuación deliberada, encaminada a la obtención de información sensible, privada e íntima, tanto personal como profesional, y como en definitiva pudo ocurrir que hubiera en posesión de personas ajenas a mi confianza sin autorización alguna, la existencia de archivos creados en diciembre de 2015, como recoge el informe policial de fecha 13 de enero de 2020…».

Por ello, el juez confirma que «la sustracción de la tarjeta y su suerte, ha sido (y sigue siendo) para la víctima, un elemento nuclear de su pretensión. Ante ello, Dina Bousselham reclama de la Justicia una respuesta». Y considera que existe «un eventual conflicto de intereses en la representación procesal de Dina Bousselham y Pablo Iglesias, al asumir la misma letrada la representación de ambos».

Concluye el magistrado afirmando que «la providencia de 1 de junio de 2020 insta a las partes a posicionarse ante la existencia de un eventual conflicto de intereses, incidiendo en necesidad de garantizar a Dina Bousselham un efectivo derecho al ejercicio de la acción penal que permita encauzar su pretensión encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan».

Salvar a Iglesias 

El pasado 28 de mayo, la ex asesora de Iglesias en el Parlamento europeo dirigió un escrito al juez en el que aseguraba que mintió al declarar como testigo, con el único objetivo de salvar a Iglesias.

En este escrito Dina se retractaba de la declaración en sede judicial realizada sólo diez días antes, en la que aseguró que Iglesias recibió la tarjeta de su móvil de manos del empresario Antonio Asensio, la conservó durante meses, a pesar de que contenía fotos «íntimas» de ella, y se la entregó destruída. Según un informe pericial realizado por la Policía Científica, la tarjeta había sido «quemada», por lo que los agentes no pudieron acceder a su contenido.

Con esta carta, Bousselham modificaba una vez más su versión de los hechos, después de que el magistrado y los fiscales sopesaran que Iglesias pudo cometer sendos delitos al conservar durante meses y luego destruir la tarjeta del móvil de su asesora.

La nueva versión ofrecida por Bousselham sostenía que la tarjeta estaba en perfecto estado cuando se la entregó Pablo Iglesias. Un extremo de dudosa credibilidad, que han llegado a considerar que existe un conflicto de intereses. Por ello el juez obliga ahora a Dina a cambiar de representación letrada.