Un juez confirma los 5 años de prisión para el empresario del caso Malaya Rafael Gómez ‘Sandokan’

Sandokan-Malaya
El constructor Rafael Gómez Sánchez, Sandokán, implicado en el 'caso Malaya'.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado los recursos presentados por el Ministerio Fiscal y la Agencia Tributaria y mantiene la condena de 5 años de cárcel para el empresario Rafael Gómez ‘Sandokán’ por haber dejado de pagar casi 29 millones de euros a Hacienda.

En el fallo, el tribunal señala que «no cabe recurso ordinario alguno», si bien la Ley Procesal permite un recurso de casación al Tribunal Supremo (TS), vía que está siendo considerada por la defensa de quien también fuese condenado en el mayor caso de corrupción urbanística de España, la ‘Operación Malaya’.

Sin embargo, el magistrado considera en su fallo que la pena impuesta es «benigna», una de las mínimas que podía recibir teniendo en cuenta su «plan diseñado» para eludir el pago de hasta 29 millones de euros de sus sociedades en distintos impuestos.

Asimismo, los jueces han desestimado todos los recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal, la Agencia Tributaria y la propia defensa porque consideran que a Gómez no se le ha vulnerado ningún derecho fundamental» y que las pruebas de cargo aportadas por los representantes de Hacienda son «un relato fáctico y coherente».

La sentencia del juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba consideró probada la comisión de dos delitos de impago de impuestos a través de dos de las constructoras del empresario dejando de ingresar beneficios para evitar el pago de impuestos.

Eran empresas familiares y, aunque inicialmente la imputación se extendía a sus hijos y esposa por pertenecer al órgano de toma de decisiones de las sociedades, el juez consideró que quien realmente intervenía era Gómez.

En su calificación provisional la Fiscalía pedía para Gómez 40 años de cárcel por diez delitos y 19 años y tres meses para sus hijos por otros siete delitos y el juez absolvió a sus hijos y mujer y rebajó en cinco años la pena para el constructor.

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