Denuncian al tribunal de las oposiciones de Policía de Los Barrios por «notas desorbitadas» a familiares

Los opositores al proceso selectivo para acceder a la Policía Local de Los Barrios han elevado la voz contra el desarrollo de las pruebas y han reclamado una investigación ante las dudas que, según denuncian, ha generado la corrección del supuesto práctico. Las protestas llegan después de la publicación de las calificaciones y se traducen ya en más de una veintena de recursos de alzada, así como en denuncias que, según los afectados, han sido trasladadas al Defensor del Pueblo y a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.

Los aspirantes aseguran que existe una «enorme preocupación e indignación» entre quienes han participado en el proceso debido a las diferencias entre las puntuaciones obtenidas. En particular, cuestionan que candidatos a los que consideran con una preparación «acreditada» y que entienden que realizaron un examen solvente hayan obtenido calificaciones que catalogan de «sorprendentemente bajas», mientras que otros participantes habrían logrado notas «extraordinariamente altas».

Estas diferencias, según los opositores, han despertado dudas sobre la objetividad de la corrección y sobre la aplicación de unos criterios uniformes a todos los participantes. Por ello, reclaman que se hagan públicos los criterios utilizados por el tribunal y la baremación aplicada para poder comprobar cómo se ha llegado a cada una de las puntuaciones.

Uno de los principales motivos de impugnación señalados por los afectados tiene que ver con la lectura del supuesto práctico. Los opositores sostienen que las bases de la convocatoria establecían como obligatoria la lectura del ejercicio en un acto público y denuncian que este requisito no se habría respetado en los términos previstos.

A ello añaden que el tribunal no habría facilitado los criterios concretos de corrección ni la baremación utilizada. Los aspirantes también cuestionan el desarrollo del propio ejercicio y aseguran que, durante el proceso, se realizaron preguntas relacionadas con el lugar de residencia de los candidatos antes de abordar cuestiones vinculadas directamente con el supuesto práctico.

Según su versión, esta circunstancia habría generado todavía más dudas entre los participantes sobre la forma en la que se estaba valorando el ejercicio. Los opositores sostienen además que se pudieron tener en cuenta aspectos que, a su juicio, no guardaban relación con el contenido del supuesto planteado.

La polémica en Los Barrios se produce después de que un tribunal de un proceso selectivo en Manilva también haya sido objeto de críticas y de informaciones en medios de comunicación y redes sociales. Los opositores de Los Barrios consideran que existen similitudes en la situación y denuncian que se habrían producido igualmente «notas desorbitadas» a determinadas personas o a familiares de candidatos.

Precisamente por la gravedad de estas sospechas, los afectados reclaman que sean investigadas y despejadas mediante mecanismos de transparencia. «No afirmamos que dichas sospechas sean ciertas», señalan los opositores, que consideran imprescindible que se facilite el acceso a los criterios de corrección y se ofrezca una motivación individualizada de las calificaciones obtenidas.

Los aspirantes recuerdan que cualquier proceso selectivo para acceder a un empleo público debe estar presidido por los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia. En este sentido, consideran que la falta de explicaciones sobre la valoración del supuesto práctico está alimentando un clima de desconfianza que afecta tanto a los participantes como a la imagen del Ayuntamiento de Los Barrios y del propio tribunal calificador.

Por ello, reclaman al Ayuntamiento y al tribunal que adopten las medidas necesarias para garantizar la máxima transparencia, permitan revisar las calificaciones y aclaren cualquier posible irregularidad. Los opositores insisten en que no reclaman privilegios ni un trato de favor, sino que todos los participantes puedan competir «en igualdad de condiciones».

Su objetivo, aseguran, es que se pueda demostrar documentalmente que cada examen ha sido corregido de forma imparcial y conforme a criterios previamente establecidos. «Cuando la transparencia falta en una oposición, pierde el opositor, pierde la Administración y pierde toda la ciudadanía», sostienen los afectados, que esperan ahora que los recursos y denuncias presentados sirvan para aclarar el desarrollo de un proceso selectivo que ha quedado bajo sospecha.