Denuncian ante la Fiscalía las oposiciones de la Policía Local de Manilva por «posibles irregularidades»

Las oposiciones convocadas por el Ayuntamiento de Manilva para cubrir plazas de la Policía Local se han convertido en un nuevo foco de polémica política y judicial. El proceso selectivo acumula ya once impugnaciones, dos denuncias presentadas ante la Fiscalía, una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz y una reclamación patrimonial, mientras el Partido Popular ha solicitado formalmente la paralización de las pruebas hasta que se esclarezcan las presuntas irregularidades denunciadas por varios aspirantes.

La controversia se produce apenas dos años después de la moción de censura que devolvió la alcaldía a Mario Jiménez, quien ya había permanecido al frente del Ayuntamiento durante siete años consecutivos. Tras recuperar el bastón de mando, el Consistorio impulsó una nueva oferta de empleo para reforzar la Policía Local, convocando inicialmente tres plazas y, posteriormente, otras cuatro mediante un segundo proceso selectivo.

Fue precisamente durante el desarrollo de ambas oposiciones cuando comenzaron a aflorar las primeras sospechas. Aspirantes que participaron en los dos procesos denunciaron resultados que consideran difíciles de explicar. Según la documentación presentada por algunos opositores, candidatos que en la primera convocatoria no alcanzaron siquiera una calificación de tres puntos obtuvieron posteriormente notas superiores al ocho e incluso al nueve en la segunda oposición.

Estas diferencias motivaron una cascada de recursos administrativos. En total, el Ayuntamiento ha recibido –que sean conocidas por OKDIARIO– once impugnaciones, mientras que dos de los afectados decidieron acudir directamente a la Fiscalía para denunciar las presuntas irregularidades detectadas. A ello se suma una denuncia presentada ante el Defensor del Pueblo Andaluz y una reclamación patrimonial contra el Consistorio.

Ante esta situación, el Grupo Popular registró un escrito solicitando la suspensión cautelar de ambos procesos selectivos hasta que se resolvieran todas las reclamaciones planteadas. Los populares sostienen que antes de continuar con las oposiciones debe garantizarse la máxima transparencia y facilitar toda la documentación solicitada tanto por los grupos políticos como por los propios aspirantes.

El PP insistió en que no existe perjuicio alguno por esperar a resolver las incidencias antes de finalizar el procedimiento, defendiendo el derecho de los concejales a acceder a toda la información relativa a las oposiciones. Paralelamente, varios opositores también reclamaron la paralización del proceso o, al menos, el nombramiento de un nuevo tribunal calificador que ofreciera mayores garantías de imparcialidad.

La respuesta municipal llegó mediante un escrito en el que el Ayuntamiento indicó que la información solicitada sería facilitada conforme a la normativa aplicable. Sin embargo, el conflicto aumentó cuando el propio tribunal de las oposiciones emitió un comunicado público anunciando su intención de trasladar a la Fiscalía las manifestaciones realizadas tanto por el Partido Popular como por algunos de los opositores, al considerar que determinadas acusaciones podrían afectar a la honorabilidad de sus integrantes.

La composición del tribunal también ha generado controversia política. Entre las personas relacionadas con el procedimiento figura la actual secretaria municipal, Ana Cossío, quien ejerce como secretaria en el Ayuntamiento de San Roque y en el de Manilva. Su nombre trascendió en una información publicada por OKDIARIO en diciembre de 2025 al aparecer investigada en un procedimiento relacionado con la presunta creación de un puesto para su pareja. Además, entre los integrantes del tribunal figura Crespo, pareja de la secretaria, junto a otros empleados vinculados al Ayuntamiento de San Roque, una circunstancia que algunos denunciantes consideran incompatible con la necesaria apariencia de imparcialidad.

Las oposiciones de la Policía Local no son el único frente relacionado con este cuerpo policial en Manilva. La plaza de la Jefatura de la Policía Local también se encuentra recurrida ante la Fiscalía. Asimismo, el alcalde Mario Jiménez continúa pendiente de distintos procedimientos judiciales relacionados con la gestión municipal y con asuntos vinculados al funcionamiento de la Policía Local.

Entre las cuestiones que también han suscitado críticas figura la participación de un sobrino del regidor en las últimas oposiciones que convocó él mismo. Según sostienen las denuncias, el aspirante no disponía del permiso de conducción de motocicletas exigido para el acceso al cuerpo, un requisito que, según recuerdan las mismas fuentes, sí provocó la exclusión del sobrino de Jiménez en otros municipios como Casares.