Los jueces contra Iglesias por criticar la condena a Isa Serra: «Fue juzgada con privilegios»

Las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados y del portavoz de su Grupo Parlamentario, Pablo Echenique, tras conocerse la pena de 19 meses de prisión impuesta a la diputada de la Asamblea de Madrid, Isa Serra han agotado la paciencia del mundo judicial. Jueces y magistrados consideran inadmisibles las declaraciones del líder de Podemos asegurando que la condena a Serra se había producido «sin pruebas» y por el mero hecho de «protestar por un desahucio». Los jueces son contundentes: «La señora Serra ha sido enjuiciada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) como aforada, de forma especial y privilegiada, en su condición de diputada de la Asamblea de Madrid, que adquirió con posterioridad a los hechos».

Isabel Serra fue condenada por un delito de atentado, un delito leve de lesiones y otro de daños. Resultó absuelta por desórdenes públicos. «Dichos comentarios, procedentes de quien es miembro del Ejecutivo y ostenta el cargo de vicepresidente, no son en absoluto respetuosos con la separación de poderes», afirman los jueces en un comunicado emitido este jueves por la asociación profesional Foro Judicial Independiente (FJI).

Pese a que la sentencia no es firme y puede ser recurrida, Iglesias, Montero, Echenique y otros miembros destacados de Podemos cargaban contra los jueces del TSJM por la sanción impuesta a la representante de Mas Madrid. Una postura que «sin perjuicio del derecho a la crítica a que todas las resoluciones judiciales están expuestas», supone para los magistrados «una injerencia en el Poder Judicial».

«A pesar de la declaración el estado de alarma, la separación de poderes es irrenunciable en todo Estado democrático y debe ser respetada por todos», recuerdan los jueces a Iglesias. «Especialmente por quien encarna uno de los poderes de ese mismo Estado», añaden.

La sentencia de 70 páginas por la que Serra fue condenada «aparece claramente motivada» en base a una «ley que es igual para todos los ciudadanos, sin distinción alguna de condición, cargo u oficio» tal y como reconoce la Constitución, concluyen.