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DANA

El Júcar gasta 370.301 € en «vigilar» el mejillón cebra mientras retrasa las obras en el Poyo

La Confederación considera que la presencia de estas especies es uno de los "problemas más graves de los ríos"

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), responsable del seguimiento de los caudales y barrancos en la trágica DANA de Valencia, acaba de adjudicar por 370.301,96 euros un contrato para el «seguimiento de las especies exóticas invasoras acuáticas de especial interés en la demarcación del Júcar». Ello, tras bloquear durante años los proyectos para prevenir inundaciones en el barranco del Poyo, epicentro de la tragedia del 29 de octubre de 2024, y tener paralizadas varias obras de reconstrucción.

La Confederación justifica este contrato en que «la cada vez más frecuente presencia de especies exóticas invasoras que viven en las aguas continentales, hace peligrar la consecución del buen estado de las masas de agua superficiales».

«En el documento del Plan Hidrológico del Júcar, la presencia de las especies exóticas invasoras está considerada entre los cuatro graves problemas de los ríos, citando once especies especialmente dañinas». Entre ellas, destaca que «en las aguas continentales del Júcar se encuentra una de las diez especies más peligrosas del planeta, el mejillón cebra, que se detectó por primera vez en el año 2005 y se ha ido extendiendo paulatinamente estando actualmente presente en el 70% de los embalses de la demarcación».

Además del mejillón cebra, el Júcar pone especial énfasis en otra especie, la almeja asiática. Por ello, el servicio recién adjudicado persigue «el seguimiento de las poblaciones» de ambas, así como evaluar el estado ecológico de las cuencas y seguir otras especies invasoras.

La Confederación considera que este servicio es «imprescindible» para el «aprovechamiento y control eficiente del dominio público hidráulico, así como para conseguir un buen estado de las comunidades biológicas presentes, principalmente, en los embalses, así como el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos en un estado de equilibrio ambiental».

Todo ello, mientras el Gobierno mantiene abandonadas varias obras esenciales para evitar nuevas inundaciones, como las que causaron el desastre del 29 de octubre del año pasado durante la DANA. La sensación que reina en los municipios afectados es la de temor ante una nueva riada. Sobre todo ahora, en otoño, que es cuando se vienen produciendo episodios de lluvias torrenciales. Varios municipios afectados se quejan de la lentitud de los trabajos de reconstrucción y del estado de ríos, barrancos y embalses.

Contrato de «urgencia»

Hace unos días, el Ministerio para la Transición Ecológica licitó, por la vía de «urgencia» un contrato de «servicios para la reducción del riesgo de inundaciones en las zonas afectadas por la DANA». En 2021, el ministerio -entonces dirigido por Teresa Ribera- paralizó precisamente un proyecto para drenar y encauzar el barranco del Poyo -zona cero de la tragedia- que habría evitado el desbordamiento. Este proyecto, diseñado en 2006 y calificado como prioritario por la Confederación Hidrográfica del Júcar en 2009, fue relegado durante 15 años por sucesivos gobiernos antes de su cancelación definitiva.

Pese a conocer los riesgos, el Ejecutivo paralizó las obras porque eran «incompatibles» con la Ley de Protección de la Huerta valenciana aprobada por el gobierno autonómico de Ximo Puig (PSOE) en 2018. El informe ministerial propuso buscar «soluciones menos agresivas con el medioambiente» y concluyó que el proyecto era «demasiado caro para el beneficio obtenido».

Ahora, el Ejecutivo ha licitado de urgencia un contrato para «reducir el riesgo de inundación en la Horta Sud y otras zonas afectadas» por un importe de 3,8 millones. Entre esas zonas figura con especial interés la rambla del Poyo. El Gobierno da un plazo de tres años para completar los trabajos.

«Riesgo muy elevado»

En el expediente, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se admite que «las crecidas de los ríos, barrancos y ramblas constituyen el riesgo natural más importante en la región mediterránea».

Pese a ello, el Ministerio admite que no se hizo nada: «La Confederación Hidrográfica del Júcar adjudicó, en octubre de 2021, la redacción del proyecto de Vía Verde de Conexión del Barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Turia. Dado el difícil encaje de la solución planteada en el proyecto con la Ley de Protección de la Huerta de la Generalitat Valenciana, la Confederación Hidrográfica del Júcar planteó una modificación del Proyecto Adecuación ambiental del barranco del Poyo entre el cruce de la A-7 y el barranco del Cavalls, con una alternativa en la zona denominada Pla de Quart, que aporta una adecuada restauración medioambiental y minimiza el riesgo de inundación, aunque únicamente para caudales de periodos de retorno bajos». 

«La implementación de las medidas necesarias para reducir el riesgo de inundación en estos barrancos lleva recorrido un largo proceso administrativo», reconoce ahora el Ejecutivo, insistiendo en que «las cuencas hidrográficas de rápida respuesta suponen un riesgo de inundación muy elevado para la población que habita o desarrolla actividades en ellas».  «Esto se ha puesto de manifiesto en el evento de inundación de octubre de 2024», completa. Entre los trabajos proyectados, se plantea «mejorar la cubierta vegetal, eliminada o gravemente alterada por las actividades económicas que se han producido sobre el territorio».