José Antonio Primo de Rivera dejará de estar en un «lugar preponderante» del Valle de los Caídos

El Gobierno da luz verde a su nueva Ley de Memoria Democrática. El Consejo de Ministros la ha aprobado en sustitución de la antigua Ley de Memoria Histórica del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Entre los cambios más importantes destacan la resignificación del Valle de los Caídos, la ilegalización de la Fundación Francisco Franco o el delito de apología del franquismo.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha anunciado la aprobación del anteproyecto y ha desglosado los principales puntos. Uno de ellos es la «resignificación» del Valle, de modo que el cadáver del líder falangista José Antonio Primo de Rivera dejará de estar en un «lugar preponderante» de este mausoleo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños además ha explicado que esta Ley de Memoria Democrática retirará símbolos, distinciones y títulos nobiliarios a «todas aquellas personas que se les ha concedido a aquellas personas a las que se les fue concedido por ser protagonistas de la dictadura o de la Guerra Civil».

La Ley contempla un amplio catálogo de medidas ya recogidas en el anteproyecto que recibió el visto bueno del Ejecutivo el 15 de septiembre y que «ha mejorado», según ha garantizado el ministro, tras recoger sugerencias procedentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo Fiscal y del movimiento memorialista.

Bolaños ha citado las más significativas, entre ellas la obligación del Estado de acometer las labores para la recuperación de los restos de los desaparecidos, la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para resignificar el enclave o la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar los crímenes del franquismo.

Eso sí, ha apuntado que la activación de esta Fiscalía no quita las limitaciones que siguen vigentes respecto a la no retroactividad de las normas penales, al tiempo que ha confiado en que durante su tramitación parlamentaria la ley recabe el mayor apoyo posible.

Incluso ha asegurado que el Ejecutivo buscará la «unanimidad» porque entiende que «nadie» puede oponerse a que los familiares de las víctimas recuperen los restos de sus allegados y a una ley que solo quiere rendir homenaje a estas víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.