España
Crimen en La Rioja

El jefe de las cárceles celebró los Reyes Magos prometiendo más «terceros grados, permisos y libertades»

Avisó en 2011 que las penas en España le parecían "largas y demasiado restrictivas a la hora de acceder a beneficios penitenciarios"

Con él, Instituciones Penitenciarias, ha presionado a las juntas de tratamiento para conceder semilibertades como la del acusado de matar al pequeño Álex

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Ángel Luis Ortiz, el secretario general de Instituciones penitenciarias, fue juez de vigilancia penitenciaria y director jurídico del ayuntamiento de Madrid durante el mandato de Manuela Carmena, quien como jueza abogaba por la salida de prisión del 94% de los reclusos. Lo dijo defendiendo que sólo deberían estar presos «el 6% de los internos en España, los más peligrosos». Tras la puesta en libertad de Francisco Javier Almeida, el detenido en Lardero, queda constatada la estrategia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en materia penitenciaria: menos presos entre rejas y mayor acceso a beneficios penitenciarios, independientemente de las consecuencias.

Desde que el pasado 28 de octubre un preso en libertad condicional, bajo la tutela y responsabilidad directa del Ministerio del Interior, secuestrara y presuntamente acabara con la vida de un niño de 9 años en Lardero, no ha habido ni una sola palabra de autocrítica por parte de los responsables de un sistema que ha dejado al alcance de un depredador sexual reincidente a un montón de chiquillos en un pueblo de La Rioja. Y si no ha habido ningún reconocimiento es exclusivamente por un motivo: la puesta en libertad de Francisco Javier Almeida, un hombre de 55 años que ha pasado casi 30 preso por delitos sexuales, responde a la estrategia de dos altos cargos: el ministro del Interior y el hombre que él eligió para dirigir las prisiones de España, Ángel Luis Ortiz.

Antes de explicar los precedentes, declaraciones y documentos que sustentan esta afirmación, echemos un vistazo a las redes sociales, pero no a cualquier cuenta, sino ni más ni menos que a la cuenta oficial de Instituciones Penitenciarias. Esta cuenta en la red social Twitter nació hace poco, en septiembre de 2020, y el 6 de enero de este mismo año, el día de Reyes, se despacharon con un tuit ilustrado con el belén montado por los presos de la cárcel de A Lama. Esta institución siempre pone muy en valor las cualidades reinsertadoras del sistema, algo que les honra pero que a veces les hace perder la perspectiva más grave de su ámbito de trabajo. Lo malo no fueron las fotos, lo increíble fue el texto que las acompañaba: «Melchor cargado de terceros grados, Gaspar con permisos y Baltasar trae libertades».

¿Qué opinaba en 2011 sobre las cárceles Ortiz? Pues que «en España no solamente las condenas son largas, sino que además la forma en la que se cumplen es muy restrictiva en cuanto a la posible obtención de beneficios para acortar esas condenas. La primera medida evidente que se me ocurre es reducir la duración de las condenas». Pero en aquel momento no era más que la opinión de un experto, así que centrémonos en lo que hizo a partir de 2018, años en el que pasó a mandar en las cárceles.

Reducción de presos

El 17 de diciembre de 2020 Ortiz firmó el Protocolo de Ingreso directo en medio abierto, que dice textualmente esto: «La Instrucción tiene por objeto dar pautas de actuación que faciliten el ingreso directo en medio abierto de las personas penadas que, con condenas hasta cinco años de prisión, tengan posibilidades de ser clasificadas inicialmente en tercer grado de tratamiento».

Ya en 2021 Ortiz compareció en sede parlamentaria, en la Comisión de Interior. Había pasado 10 años desde aquella entrevista en la que venía a defender condenas más cortas y menos presos. Ortiz se jactó en aquella comparecencia de la reducción del número de presos. Según sus cifras, en 2011 había 66.000 presos encarcelados. En 2021 son 46.000. La estrategia de Marlaska y Ortiz funciona. Uno de esos presos en libertad era ya el presunto asesino de Álex.

Ortiz sacó pecho de esos datos el pasado 26 de octubre, dos días antes de que el tipo al que le concedió el tercer grado por mera estadística y contra el criterio de la junta de tratamiento, presuntamente secuestrara y acabara con la vida de un niño de 9 años.