La izquierda denuncia a Albiol por el desalojo de los ilegales tras la desesperación vecinal en Badalona

• Beatriz Dávila @beoloborda
• Redactora de Nacional en OKDiario I PP I Congreso y Senado I beatriz.davila@okdiario.com I Ex de ElToroTv y esRadio
• • 24/12/2025 09:53
  • Actualizado: 24/12/2025 10:09

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, afronta un nuevo frente judicial a raíz de una denuncia presentada por los Comunes por el macrodesalojo de ilegales del antiguo edificio B9 del municipio. El eurodiputado del grupo izquierdista, Jaume Asens, que ha elevado su demanda ante la Fiscalía, acusa al regidor del PP de cometer hasta cuatro delitos para echar a más de 200 okupas.

En su denuncia, se acusa al líder popular de haber cometido sendos delitos odio y discriminación tipificados por el Código Penal con hasta 12 meses de multa y pena de prisión. Entre ellos, le achacan un delito de denegación de servicio público a los ilegales por motivos discriminatorios, otro de desobediencia a las autoridades judiciales y un último delito de prevaricación administrativa.

Según el escrito dirigido por Asens, también abogado, la resolución judicial que dio lugar al desalojo la semana pasada de más de 200 okupas, en su mayoría inmigrantes africanos, condicionaba que el mismo «garantizara una alternativa habitacional a las personas afectadas conforme al protocolo municipal de las personas sin techo», de forma que lo primero quedaba «expresamente condicionado» a lo segundo.

Por su parte, el alcalde de Badalona, tal y como ha señalado en multitud de ocasiones, si bien aseguró que el consistorio se negaba a ofrecer tanto alojamiento como recursos habitacionales a los okupas ilegales, según reza el escrito al que ha tenido acceso EFE,  «persistió en una actuación contraria al mandato judicial».

Asens, que ha puesto de manifiesto la «tolerancia institucional» del Ayuntamiento de Badalona, liderado por el PP, respecto a los «episodios de bloqueo y presión vecinal», sostiene que los mismos han impedido que los okupas, inmigrantes ilegales, pudieran dormir bajo techo gracias a los recursos que proporcionan las entidades sociales.

En este sentido, los Comunes ponen énfasis en una expresión del propio regidor popular para achacarle señalados delitos. «Dejadme margen, coño, para intentar resolverlo. Si no, haced lo que consideréis», fueron las palabras que pronunció Albiol durante el desalojo. Para Asens, una expresión puede ser «razonablemente interpretada como una tolerancia implícita de la intimidación colectiva o del uso de la fuerza».

La postura del alcalde de Badalona, por su parte, critican que haya sido la de imposibilitar su realojo y haber admitido, a la fuerte desesperación vecinal, expresiones con tintes xenófobos y estigmatizadores contra los okupas. Algo que, a su juicio, «no fueron objeto de una desautorización clara e inmediata» por parte de Albiol.

Cuatro posibles delitos

Los Comunes afirman que Albiol no sólo denegó su ayuda a los migrantes «de forma selectiva», algo que acusan fue debido a su origen y condición social, lo cual se enmarcaría en una denegación de servicio público por motivos discriminatorios. También, sostienen que la incitación al odio por parte del popular no requiere únicamente del empleo de expresiones explícitas para ser cometido.

Según recoge su escrito, defienden que existen «indicios de desobediencia reiterada» al no dar el consistorio badalonés «cumplimiento efectivo» a la resolución judicial que amparó el desalojo. Asimismo, consideran que habría cometido también un delito de prevaricación administrativa al ser la actuación para proceder al desalojo de los okupas «contraria al ordenamiento jurídico y potencialmente manifiestamente injusta».

Lucha contra la okupación

Lo cierto es que han sido años de litigios los que el Ayuntamiento de Badalona ha esperado para conseguir una orden judicial que, la semana pasada, avalaba que pudiera producirse el desalojo. La juez del caso, en su escrito, decretó la expulsión de los okupas aun a pesar de que el consistorio que dirige Albiol se había negado a atender las necesidades de los sin techo.

El desalojo fue realizado por una cuestión de «riesgo efectivo para la seguridad pública y de los propios afectados». Ello, tras los graves incidentes registrados entre los okupas del viejo instituto, incluidas agresiones entre grupos, robos e incluso un homicidio, que habían puesto de manifiesto la inseguridad entre los vecinos.