España

Ayuso recaba quejas de los empresarios para eliminar toda la burocracia inútil que denuncien

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha iniciado una campaña para recabar quejas de los empresarios de la región y eliminar toda traba burocrática injustificada que esté costando empleo y limitando la actividad económica en estos momentos. El compromiso es claro: si no aporta la norma y estorba, se quitará.

La iniciativa se llama ‘Línea abierta contra la Hiperregulación’. ¿Y qué es esa línea abierta? Pues un acceso web a través del cual ciudadanos, empresarios y otros grupos profesionales pueden poner en conocimiento de la Administración las barreras regulatorias que están encontrando al desarrollar una idea o negocio en la Comunidad de Madrid.

Desde la Consejería de Hacienda de Javier Fernández-Lasquetty argumenta que «en una economía cambiante y dinámica, la burocracia y los excesos de regulación pueden constituir un obstáculo para poner en marcha nuevos proyectos o para el funcionamiento óptimo de los existentes. En ocasiones, la normativa ha quedado desfasada y no se ajusta a la realidad actual y, en otras, genera trabas y limitaciones que dificultan su puesta en funcionamiento».

Así, según las investigaciones de la Universidad George Mason, el incremento de la regulación en un 3,5% eleva los costes empresariales un 3,3% al año, incidiendo negativamente en el crecimiento del PIB y el empleo. El objetivo de la Comunidad de Madrid con este proyecto es «suprimir las barreras regulatorias que dificultan la innovación y capacidad de adaptación a las necesidades cambiantes que presenta la economía actual, reducir costes económicos, fomentar el crecimiento económico y la generación de empleo».

Salidas a la crisis

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid añaden que la meta de esta iniciativa es «poner al alcance de ciudadanos y empresarios todas las facilidades posibles para salir de la crisis provocada por el Covid, y una de ellas es mediante la supresión de los excesos de regulación».

¿Cómo se puede acceder a esta línea? Mediante un formulario web, publicado en la web oficial de la Comunidad de Madrid. Allí se recibirán las propuestas de desregulación de ciudadanos, empresas, empleados públicos y otros grupos profesionales. A partir de ahí, se decidirá su eliminación o simplificación.

Se trata de otra iniciativa, mientras se sigue sin descubrir de dónde va a salir el dinero del último anuncio de Pedro Sánchez y si de veras las pymes podrán acceder al publicitado paquete de 11.000 millones para las pymes españolas.

Las nuevas ayudas que ha anunciado Pedro Sánchez -11.000 millones de euros para las pymes del turismo y la hostelería-, de hecho, tendrán letra pequeña. Y una letra que no termina de convencer a los que deben ser sus principales beneficiarios: las pymes y los autónomos. Lo que ya parece seguro es que el Gobierno exigirá condicionalidad, algo de lo que el Ejecutivo se ha quejado cuando se lo ha impuesto Bruselas a España para recibir ayudas europeas. En cambio, sí que es un requisito ineludible para el sector privado a cambio de las ayudas gubernamentales.

Aunque el Ejecutivo está limitando la información que filtra sobre el funcionamiento de las nuevas ayudas que el presidente del Gobierno se sacó de la manga en el pleno del Congreso del pasado miércoles, se empieza a conocer a cuentagotas que a cambio de las ayudas habrá una condicionalidad. Dependiendo de qué Ministerio gane la batalla gubernamental será más o menos estricta. Es decir, la idea del Gobierno es que las ayudas, en ningún caso, sean a fondo perdido, tal y como ha publicado OKDIARIO.

Según fuentes conocedoras de la planificación que se está haciendo de las ayudas que anunció Pedro Sánchez, la intención del presidente es que sólo se rescate a empresas viables. Es decir, que las pymes o los autónomos que quieran beneficiarse tendrían que presentar un plan de viabilidad, algo que enfada a las principales organizaciones empresariales.

Por lo pronto, la hoja de ruta del Gobierno no se conocerá hasta marzo (lo que demuestra que Sánchez improvisó ayer en la Cámara Baja) y Nadia Calviño evita definir el plan como «ayudas directas», algo que inquieta al mundo empresarial.

Algunos ministerios incluso quieren que se exija a las compañías que reciban las ayudas que no destruyan empleo durante un periodo de tiempo -como ocurre ahora con los ERTE-, algo a lo que también se oponen en rotundo los empresarios, que consideran una tomadura de pelo que el Gobierno sigue sin detectar cuáles son los problemas reales que están viviendo durante esta pandemia. Si se pone este requisito, CEOE podría plantarse.