Irene Montero aprobó la licitación defectuosa que no aseguró los datos de las pulseras antimaltrato

La responsabilidad final del sistema de seguimiento telemático de órdenes de alejamiento recaía sobre Irene Montero cuando se produjo la licitación y adjudicación defectuosa que ha provocado la pérdida de todos los datos históricos anteriores al 20 de marzo de 2024 que ha desvelado OKDIARIO. Noelia Vera, secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género y mano derecha de la ministra, firmó los pliegos de la contratación inicial en julio de 2021. Ángela Rodríguez Pam, también mano derecha de Montero en el ministerio y en el partido Podemos, avaló con su firma posteriormente los pliegos técnicos de la nueva licitación en julio de 2023. Ambas secretarias de Estado ostentaban la responsabilidad técnica del sistema durante las adjudicaciones defectuosas.

El cambio de proveedor del Ministerio de Igualdad en el sistema de seguimiento telemático ha generado un vacío informativo durante meses que ha comprometido gravemente los procesos judiciales contra maltratadores. El centro de control Cometa no puede facilitar correctamente información anterior al 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos.

Esta carencia supone la pérdida del elemento probatorio necesario para formular acusaciones por quebrantamiento de las medidas de alejamiento. Los tribunales se enfrentan a un obstáculo técnico crucial que puede comprometer la efectividad del sistema judicial en casos de violencia de género.

La raíz del problema radica en las dificultades para descargar y volcar la información del anterior proveedor de servicios. El paso de una empresa a otra ha provocado que la información anterior se encuentre cifrada y no se haya traspasado correctamente a las nuevas bases de datos.

Los diferentes actores de la escena judicial muestran su malestar e indignación con esta situación. La Fiscalía General del Estado ha documentado en su memoria de 2025 que «esta anomalía produce sus consecuencias tanto en la fase de instrucción ante el juzgado de violencia contra la mujer como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios».

Adjudicación millonaria

El Ministerio de Igualdad adjudicó a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Vodafone y Securitas un contrato de 42,6 millones de euros para la gestión del servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos. La adjudicación incluye la provisión del servicio telemático en los ejercicios 2024, 2025 y 2026, así como la gestión de 11.000 dispositivos.

Según los datos de la Fiscalía General del Estado, a fecha 31 de diciembre de 2024, el número de dispositivos activos era de 4.595, frente a los 4.548 del 31 de diciembre de 2023. Se trata de una ampliación del servicio prácticamente inexistente (sólo 47 pulseras más). Todo ello para para un universo de 100.000 casos de violencia de género en seguimiento activo, de los cuales 60.000 requieren protección policial. Las comunidades donde más se ha hecho uso son Andalucía con 1.658 casos, la Comunidad Valenciana con 546, Madrid con 380 y Canarias con 364.

La Fiscalía reconoce mayoritariamente en sus Memorias «la indiscutible utilidad de los dispositivos como instrumento para proteger a las víctimas, resultando incontestable que hasta la fecha ninguna de las mujeres asesinadas portaba dispositivo telemático de control». Sin embargo, también expresan los problemas derivados de la dificultad de guardar la distancia de 500 metros en localidades pequeñas y la deficiente cobertura de zonas rurales aisladas.

Fallos sistemáticos

Algunas fiscalías, como las de Castellón y Pontevedra, ponen de manifiesto «los múltiples fallos que se han detectado con los nuevos dispositivos y con el prestador del servicio». Las disfunciones provocan alteraciones en el estado de alerta de la perjudicada, confirmándose que por parte de Cometa «se remiten incidencias cuando han sido los propios usuarios los que han dado aviso de fallos en los aparatos». Hay casos de falsos positivos que generan mucho apuro a las mujeres afectadas.

Los equipos son sustituidos con cierto retraso, según constatan las fiscalías de Madrid, Girona, Granada o Tenerife. Los informes y datos facilitados a la Unidad fueron trasladados a la Delegación del Gobierno de Violencia de Género «para que se procediera a su solución, ante la potencial desprotección de las víctimas».

El denominador común apuntado por muchas fiscalías es «el relacionado con el seguimiento y control de las penas y medidas cautelares de alejamiento a consecuencia del cambio de prestatario y de la nueva adjudicación del servicio». La imposibilidad de disponer de información del anterior proveedor genera una desprotección manifiesta.

La Fiscalía señala «lo gravoso que es para las víctimas la comunicación de incidencias reiteradas, con la consiguiente inseguridad y trastorno en su vida diaria». Algunas víctimas llegan a comparecer en sede judicial para solicitar la retirada de los dispositivos por los continuos errores del sistema.

Los pliegos técnicos firmados por Pam Rodríguez en 2023 especificaban la obligación de «migrar el histórico de datos e información asociada a los sistemas actuales». La empresa adjudicataria sería «responsable de no perder el histórico de información que se ha generado». Se trata de una redacción defectuosa al estar escrito en términos técnicos tan vagos que no se ha llevado correctamente a la práctica.

La nueva licitación adjudicada por 42,6 millones de euros contemplaba un «Plan de Transición» que debía garantizar que «el servicio prestado no sufra ninguna merma de calidad ni de disponibilidad, asegurando en todo momento la continuidad del servicio». Los hechos demuestran el fracaso estrepitoso de esta previsión contractual chapucera que ha dejado en la indefensión a miles de víctimas de violencia de género.