Interior impone una ‘cláusula de silencio’ a las aerolíneas que trasladan a los inmigrantes ilegales

• Pelayo Barro @pelayobarro
• Periodista de la sección Nacional. Especializado en información de Interior y Defensa.
• • 29/10/2023 06:45
  • Actualizado: 29/10/2023 09:22

El Ministerio del Interior recurre a aerolíneas privadas para trasladar a los inmigrantes ilegales desde Canarias hasta la Península. Para ello, firma contratos de 18 meses con diversas empresas de vuelos comerciales, a las que les impone severas cláusulas de confidencialidad con el fin de evitar la filtración de datos de rutas, detalles de los vuelos o incluso imágenes de los inmigrantes ilegales, como las que ha obtenido OKDIARIO en el aeropuerto de Barajas (Madrid) estos días. De hecho, Interior obliga a las empresas a «instruir» previamente a los empleados para que respeten esta cláusula del silencio.

El Ministerio del Interior, que gestiona tanto los vuelos de traslado de inmigrantes ilegales de Canarias a la Península como las rutas internacionales para aquellos que son deportados, aplica un blindaje total a la información alrededor de estas operaciones.

Cada aerolínea que firma un contrato con el Ministerio en este sentido debe comprometerse a que no se produzca ninguna filtración ni fuga de datos o imágenes que puedan poner en un aprietos al Gobierno. En caso contrario, puede producirse incluso la cancelación del contrato, que alcanzan mínimos de 10 millones de euros para un servicio básico de 18 meses. Los vuelos se tarifan en alrededor de 50.000 euros cada charter entre Península y Canarias.

Confidencialidad total

«Todos los tripulantes de la aeronave, tanto la tripulación técnica como la auxiliar, como cualquier otro empleado del adjudicatario que viaje a bordo en razón de la prestación del servicio objeto de este contrato, serán previa y adecuadamente instruidos por el propio adjudicatario», explica Interior al desarrollar la cláusula de confidencialidad incluida en estos contratos para el traslado de inmigrantes ilegales.

Insta, así, a que los empleados deban «observar en todo momento la adecuada reserva y confidencialidad en todo cuanto se refiere a los servicios objeto del mismo como fechas, horas, aeropuertos, número de personas que se transportan, equipaje de las personas y en general cualquier dato o información que pueda ser relevante tanto para la misión policial como para su seguridad y la de la aeronave y las personas a bordo».

«El adjudicatario tomará las medidas adecuadas para garantizar la confidencialidad del servicio que incluirán, de forma específica, la no difusión de información a terceras personas, salvo que resulte estrictamente necesario para la prestación del servicio», advierte Interior en sus pliegos de condiciones.

Además, señalan que «el adjudicatario no podrá utilizar dato alguno relativo a estos servicios para publicidad o promoción de la compañía, sin perjuicio de la posibilidad de obtener y hacer uso de certificaciones por prestación de servicios que le permitan justificar la experiencia en este tipo de servicios, lo que deberá solicitar previamente al Órgano de Contratación».

Inmigrantes ilegales

La masiva llegada de inmigrantes ilegales a Canarias, especialmente en el último mes, ha desbordado las previsiones del propio Gobierno, que en público dice tener la situación bajo control y en privado admite que se sufre una «situación de emergencia». Así lo recoge una resolución de la Dirección General de Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión Social, encargado de gestionar la acogida, a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Sólo este sábado llegaron a las islas más de 1.000 inmigrantes a bordo de siete embarcaciones precarias; entre ellas, un cayuco con 320 personas. Los recursos se encuentran saturados, según desvela el documento, lo que ha obligado al Ejecutivo a buscar nuevas vías de salida, como el alojamiento en hoteles de toda la Península.

Los inmigrantes son trasladados en vuelos chárter u ordinarios y distribuidos por distintos puntos del país, como ya se vio la semana pasada en Huesca o Mérida. El Ministerio de Inclusión tiene presupuestado un coste de 240 euros por inmigrante para su traslado en avión a distintas partes del país.