Interior a la Fiscalía belga: «No debe dudar de las cárceles en España quien las gestionó en Cataluña»

El Ministerio del Interior ha remitido a través de Instituciones Penitenciarias la contestación a las 14 preguntas plateadas por la Fiscalía belga. Y el departamento de Juan Ignacio Zoido razona en el documento que «no parece comprensible que se intente proyectar sospechas sobre las condiciones de internamiento en España por personas que han gestionado las cárceles en Cataluña».

De hecho, en la Comunidad Autónoma que presidía Puigdemont, las cárceles eran gestionadas por su Gobierno «con los mismos estándares legales y elementos materiales» que en el resto de centros penitenciarios de España.

Este viernes, se estudiará en los tribunales de Bélgica la posible extradición del ex president catalán Carles Puigdemont y los otros cuatro ex consejeros que huyeron a Bruselas, evitando la comparecencia en la Audiencia Nacional.

Fuentes penitenciarias han explicado a Europa Press que en el documento, de 15 páginas, se responde pormenorizadamente a cada una de las 14 cuestiones planteadas por la Fiscalía belga, recordando aspectos como que Puigdemont mantendría en la prisión de Estremera el contacto con su abogado, de acuerdo a la legislación penitenciaria, y se cuidaría que no sufriera agresiones por parte de otros internos.

La Fiscalía belga se interesa por las celdas de aislamiento (que se utiliza sólo en caso de agresiones a funcionarios), la visita de familiares, la higiene o incluso la alimentación en las prisiones españolas. Interior explica que Puigdemont y los otros cuatro ex consejeros ingresarían en la prisión de hombres en Estremera y las mujeres en Alcalá-Meco, una vez se autorice su traslado cumpliendo la orden de detención de la Audiencia Nacional.

Detalles sobre la prohibición de la tortura

Se recuerda igualmente que la legislación nacional prohíbe la tortura y los malos tratos de acuerdo a la Constitución y que el artículo 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria recoge que: «Ningún interno será sometido a malos tratos de palabra u obra».

Instituciones Penitenciarias recuerda que España recibe periódicamente visitas del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y existe una «supervisión constante» del respeto a los derechos humanos en las prisiones por el Defensor del Pueblo y el Mecanismo de Prevención de la Tortura Nacional.

También se alude a que la Administración Penitenciaria española está directamente supervisada por jueces de vigilancia penitenciaria, «independientes, integrantes del poder judicial y con amplias facultades para corregir cualquier desviación o abuso que pudiera producirse».