El Ingreso Mínimo de Sánchez e Iglesias a una madre con 3 hijos: 18,09 euros al mes

El Ingreso Mínimo fue anunciado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias como el gran «escudo social» frente a la pandemia. El bálsamo que iba a evitar que «nadie quedase en el camino». Y ese escudo social hoy es capaz de pagar 18,09 euros al mes a una madre con tres hijos y sin más ingresos que los pagos por alimentos que le realiza su ex pareja. OKDIARIO publica el documento oficial con el que la Seguridad Social ha ordenado el pago a esta madre, que prefiere mantenerse en el anonimato, y que recoge con plena claridad el importe asignado de forma mensual por una cuantía de 18,09 euros.

Con ese pago, teóricamente, esta madre debería salir a flote, comer, vivir, pagar su vivienda y soportar todos los gastos suyos y de sus tres hijos, a excepción de la parte de manutención que le paga su ex pareja.

Esos pagos de su ex pareja ascienden a 525 euros en el momento actual -por los tres- y han llegado a ser menores por la estancia de uno de ellos con su padre. En aquellos meses, no tan lejanos, los pagos que recibía la madre para el mantenimiento y alimentos de los dos hijos se reducían a 350 euros. Pero, evidentemente, esos pagos van ligados obligatoriamente a los hijos y vinculados al acuerdo de reparto de cargas económicas en el mantenimiento de los descendientes tras una separación.

Y eso es todo. A partir de ahí, tal y como puede apreciarse en el documento que hoy publica este diario, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través precisamente de la Seguridad Social y, en este caso, de la Dirección Provincial de Murcia, ha decidido que “la cuantía que le ha sido reconocida” es de 18,09 euros al mes. Un importe que refleja la realidad, al menos para una parte de la población, del trasfondo de eso que Sánchez e Iglesias denominaron como ‘Ingreso Mínimo Vital’.

La madre en cuestión, cuyas primeras siglas responden a las letras S. G., pudo leer al recibir esta carta como, el mismo organismo que anunciaba a bombo y platillo sus planes para evitar caer en la pobreza en pleno Covid-19, asignaba semejante pago y le remitía a “una reclamación a la Dirección Provincial” en caso de “no estar conforme”.

La pomposa misiva incluía, de este modo, el siguiente texto: “El/la director/a del Instituto Nacional de la Seguridad Social ha resuelto aprobar su solicitud de prestación de ingreso mínimo vital según se indica al pie de este escrito. La cuantía que le ha sido reconocida se actualizará con los datos tributarios definitivos del ejercicio correspondiente, en el momento que se dispongan de los mismos. Si tiene alguna duda puede llamar a los teléfonos de atención 900 20 22 22 ó 901 16 65 65, y si precisa de una atención más personalizada puede solicitar cita en el teléfono 901 10 65 70 para ser atendido en el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social”.

La carta añade: “Si no está conforme con esta resolución, puede presentar en la Dirección Provincial una reclamación previa a la vía jurisdiccional en el plazo de 30 días hábiles contados desde el día siguiente al de recibir esta notificación”.

El Ingreso Mínimo Vital que ideó Pablo Iglesias -y que está ejecutando José Luis Escrivá- lo han cobrado 400.000 personas hasta noviembre, a pesar de que la medida se aprobó en mayo y en ese momento el Gobierno estimaba, como recoge la referencia del Consejo de Ministros del pasado 29 de mayo, que sería el principal y único sustento de 2,3 millones de personas.

Se trata de un ejemplo sangrante que ilustra la realidad del Ingreso Mínimo Vital. Porque, hasta el momento, la realidad es que sólo se benefician de él el 17% de las personas sin recursos que estimaron Pablo Iglesias y José Luis Escrivá durante el primer estado de alarma, cuando la medida se vendió como el gran salvavidas de las personas más desfavorecidas del país.

A pesar de que las cifras son reveladoras, y el documento que hoy publica este diario directamente llega al grado de sarcasmo, Israel Arroyo, secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, explicó el pasado miércoles que las modificaciones realizadas en el texto del Decreto sobre el Ingreso Mínimo Vital están, a su juicio, «funcionando».

Pero la realidad es que, hasta el momento, se han beneficiado 150.000 hogares, según los propios datos oficiales difundidos por Arroyo, muy lejos de los 850.000 que anunció el Gobierno en su día.

Arroyo compareció este pasado miércoles en la Comisión de Trabajo del Senado. En su comparecencia, tras las duras críticas del Partido Popular y de la senadora María Mercedes Fernández, el número dos del Ministerio de Escrivá se justificó alegando que el Ingreso Mínimo era un proyecto de legislatura que se activó en sólo tres meses por la pandemia.

También desmiente el alto cargo del Gobierno socialcomunista que se haya suprimido la exigencia de ser demandante de empleo, aunque lo cierto es que en varias prestaciones, según documentos de su propio ministerio y las afirmaciones de empleados del propio SEPE, sí se ha hecho.

Los sindicatos afirman por activa y por pasiva, además, que es imposible hacer frente a un alto volumen de pagos como el que tienen que hacer y, además, vigilar que se cumplen las exigencias aparejadas para los beneficiarios.

Una de las cuestiones más preocupantes -que revelan el caos en la gestión de esta prestación que para el Gobierno es la clave para acabar con la pobreza- es el baile de cifras desde que se anunció. Lo que deja entrever que, más allá de una medida social, también se cuela en la gestión del ingreso mínimo la pura propaganda.

Por ejemplo, en mayo desde el Gobierno llegaron a hablar de 2,3 millones de beneficiarios.

Por otro lado, el número de hogares beneficiarios se ha modificado ya 3 veces en 6 meses. Inicialmente Pablo Iglesias calculó que los hogares a los que su medida llegaría sería de 850.000 personas, aunque José Luis Escrivá rebajó este cálculo a 500.000 personas el 7 de octubre, admitiendo que «es posible que la foto de 850.000 fuera demasiado optimista o no». Sin embargo, en el Plan Presupuestario para 2021 enviado a Bruselas cifraba días después otra vez en «850.000 familias» los supuestos beneficiarios.
En la actualidad son 150.000.