Las indemnizaciones millonarias de casi 30 contratos retrasan el ‘decretazo’ de Sánchez contra Israel

El anuncio de Pedro Sánchez para prohibir la compra y venta de armas y material de Defensa a Israel tendrá que esperar, por ahora, a ver la luz hasta que los servicios de asesoría jurídica y económica terminen de mirar con lupa y negociar las indemnizaciones millonarias que el Estado español va a tener que abonar a las empresas israelíes, con las que Sánchez decidió romper relaciones, según anunció a principios de septiembre, argumentando que son acciones «para detener el genocidio en Gaza y ayudar a la población palestina».

El Real Decreto Ley que prepara el Gobierno de Sánchez se ha topado con tres grandes escollos, según fuentes gubernamentales: la cifra multimillonaria que va a resultar de la cancelación de los entre 20 y 30 contratos que siguen vigentes, a pesar de las cancelaciones que ya se han ido realizando; el carácter clasificado de los mencionados contratos, que dificultan la tarea a los expertos jurídicos, cuya misión consiste en minimizar, en la medida de lo posible, la cuantía que va a tener que abonar el Estado español y el hecho de que algunos de los contratos están vinculados a tratados y acuerdos que tienen que ver con los planes de Defensa de otros Estados, tanto de la UE, como de la OTAN.

Después del 7 de octubre de 2023 (fecha en la que Hamás perpetró el atroz atentado terrorista en Israel, que acabó con la vida de 1.400 personas y 252 secuestrados) y hasta el 24 de abril de 2025, se establecieron 46 nuevos contratos en materia de Defensa y armamento entre el gobierno de España y las empresas israelíes, según el Centre Delàs d’Estudis per la Pau (entidad independiente de análisis de seguridad, defensa y armamentismo). En  la actualidad,  esos contratos se han ido reduciendo a una cifra entre 20 y 30, algunos por cancelación directa, como sucedió con las balas 9 mm que servían de munición a las pistolas de la Guardia Civil, y otros por extinción natural del mismo.

Fuentes gubernamentales apuntan que, al tratarse de una cancelación unilateral por parte del Ejecutivo español, los contratos (que no son públicos, por considerarse material clasificado) reflejan no solo el gasto ya ejecutado por la empresa, sino las inversiones que se hayan podido realizar para la fabricación de los pedidos comprometidos, así como el lucro cesante, que puede llegar a establecerse, según fuentes jurídicas, hasta en un 25% del total del contrato. Todo esto sumado, contrato a contrato, ascenderá, según algunos expertos consultados, a cifras astronómicas que el Ejecutivo español y, en su nombre, un equipo de juristas intentará rebajar en la medida de lo posible.

A la justicia internacional

A partir de ahora se abre un periodo de negociación con cada una de las empresas y para cada uno de los contratos firmados y posteriormente cancelados de forma unilateral por el Estado español. La inmensa mayoría de los contratos que Sánchez ha dado orden de romper se establecieron en los últimos años con las empresas israelíes Elbit Systems y Rafael, que cuentan con un potente equipo jurídico de apoyo.

En el caso de que las negociaciones para la cancelación no llegasen a buen puerto y no se establezca un acuerdo económico entre España y las empresas implicadas el contencioso, debería dirimirse tal como establezca cada uno de los contratos, bien en los tribunales internacionales o bien a través de un arbitraje internacional, servicio adicional cuyo pago debería sufragar el perdedor del contencioso.