Imputados otros dos cargos de Corredor en el Ministerio de Vivienda por financiación ilegal del PSPV
El caso de financiación ilegal del Partido Socialista en Valencia se ha cobrado dos nuevas imputaciones de antiguos cargos del Ministerio de Vivienda. La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha imputado a Marcos Vaquer, antiguo subsecretario del Ministerio de Vivienda, y a Nicolás Mateos, que fue jefe de Gabinete de la ministra socialista Beatriz Corredor, por un contrato de publicidad cuyas pruebas apuntan a que acabó en un sistema de financiación ilegal al PSPV y al Bloc.
La juez María de las Mercedes Pérez ha tomado esta decisión en un auto [léalo aquí completo], en el que constata “irregularidades” en la adjudicación de un contrato de publicidad institucional del Plan Vivienda 2009-2012 por 126.208 euros a la empresa Crespo Gomar por el Ministerio en 2009.
Según el auto, Vaquer fue quien firmó el contrato de adjudicación y el certificado de conformidad con la factura, mientras que Mateos “redactó o firmó” el pliego de prescripciones técnicas para la realización de la campaña de publicidad contratada y “la declaración de urgencia” del procedimiento. Ambos deberán comparecer el próximo día 21.
Éste y otros contratos investigados en otras causas podrían haber servido para la financiación irregular de las campañas electorales municipales y autonómicas de 2007 del PSPV y del Bloc.
Se trata del segundo mazazo en una semana contra la trama de financiación ilegal de los socialistas valencianos. Según un informe de la fiscal y también en referencia a las contrataciones del Ministerio de Vivienda en 2009, “se observa un posible delito de prevaricación en concurso con malversación y falsedad documental”.
La representante del Ministerio Público basa sus conclusiones en otro informe elaborado por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDyCO) de la Policía Nacional de Valencia. Además, existe en segundo informe realizado por la Intervención General del Estado (IGAE) en el que se señala de nuevo “la existencia de patentes irregularidades que pudieran ser constitutivas de un delito” en el contrato para la realización de la creatividad, y producción de una campaña de publicidad institucional para difundir los contenidos del Plan de Vivienda 2009-2012 que fue adjudicado a la empresa Gomar SL por 126.208 euros. El mismo por el que hoy se han realizado las imputaciones.
La lista de imputados por este asunto abarca ya a Marcos Vaquer, Nicolás Mateos, Eva Cuesta, Irene Domínguez-Alcahuz, Eva Santiago, Beatriz Tejada, Pedro Plasencia, Rita Lorite y Andrés Lara.
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