Imputado el alcalde de Orense, Pérez Jácome, por malversación

El alcalde de Orense, el peculiar Gonzalo Pérez Jácome, comparecerá el 28 de diciembre como imputado ante el juez de Instrucción número 2 de la localidad gallega a raíz de la querella recibida por supuesta malversación de caudales públicos. Esta investigación nació a partir de una denuncia anónima, que dio paso al estudio de la gestión de cerca de 100.000 euros del partido del regidor, Democracia Ourensana, y entre los que figuran dos cheques de 20.000 y 30.000 euros a nombre del primer édil, sobre los que deberá explicar si fueron para gastos de la formación o no.

El Ministerio Público analiza también pagos del grupo municipal supuestamente destinados a sufragar la licencia del espacio televisión de Auria TV, la televisión propiedad del alcalde. Con todo, los hechos que se investigan se habrían producido entre los años 2015 y 2018 cuando el actual regidor municipal todavía era concejal de la oposición en la corporación municipal.

La noticia de que la Fiscalía había presentado una querella contra el regidor municipal por estos hechos se conoció a finales del mes de octubre y en aquel momento Jácome no quiso hacer declaraciones a los medios, pero sí expuso su opinión sobre las diligencias judiciales a través de sus redes sociales asegurando tener «preocupación cero» ante una denuncia que consideraba «sin base» y que «como las anteriores» preveía que «quedaría en nada».

«Confianza ciega en que la justicia ponga otra vez las cosas en su sitio. Seguimos luchando por transformar la ciudad», zanjaba el alcalde de Ourense. Ahora, Gonzalo Pérez Jácome, ha vuelto a emplear el mismo medio para trasladar su opinión sobre la citación.

«No tomen mi declaración como una inocentada»

El alcalde se ha preguntado: «¿Me citan al juzgado el 28 de diciembre? Espero que mi declaración no la tomen como una inocentada». Ha finalizado su mensaje con el emoticono de un guiño.

Además, la salida de los cuatro ediles también dio paso a la salida del Partido Popular, que sí ha regresado al gobierno local y cuando se conocía la querella apelaba a la presunción de inocencia.

«Que se deje trabajar a la justicia», han exigido, alegando que no entraban a valorar «un asunto del alcalde y de su partido político toda vez que son hechos que nada tiene que ver con la acción del actual gobierno municipal porque sucedieron entre 2015 y 2018».