Iglesias se aferra al aforamiento que prometió cargarse en su programa por ser «un privilegio judicial»

De no ser por la condición de aforado que le otorga su doble cargo de diputado y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias habría quedado este miércoles imputado por tres delitos por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. El privilegio del aforamiento que Podemos prometió suprimir en su programa electoral es al que ahora permite a Podemos decir ahora que su líder aún no está imputado.

Como hizo desde el primer día tras convertirse en partido político, Podemos incluyó dentro de su programa para las elecciones generales del pasado 10 de noviembre, la promesa de suprimir los aforamientos. «La proliferación de la figura de los aforamientos no ha tenido nada que ver con la protección de los representantes públicos frente a represalias y amenazas de los más poderosos, sino con un sistema de protecciones y favores que permite a los partidos ofrecer cierto privilegio judicial a algunos de sus miembros», incluyó en el punto 124. «Por eso, iniciaremos una acción articulada para la supresión de aforamientos desde las comunidades autónomas y el Estado», aseguraron.

Pero no sólo su programa electoral recogió las intenciones que ahora parecen haber olvidado. El reglamento interno mediante el cual se rige el partido, su Código Ético, establece la obligatoriedad de «renunciar a cualquier privilegio jurídico o material derivado de forma directa de la condición de representante y, desde la responsabilidad como cargo público, al acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial».

A pesar de sus promesas y normativa, Iglesias parece encontrarse a gusto con el «privilegio judicial» que se desprende de su condición de diputado y vicepresidente y no tiene intención de dimitir para ser juzgado como un ciudadano cualquiera.

Dada la práctica imposibilidad de renunciar al aforamiento – y por lo tanto, la inutilidad de su normativa interna-, Iglesias tendría que estar dispuesto a dimitir de sus cargos para ello.

El líder de Podemos no se ha pronunciado al respecto, ni siquiera para intentar conseguir la excepción que se aceptó en una ocasión en el año 2015. En dicho momento, el diputado de ERC Alfred Bosch fue condenado a rectificar por unas acusaciones vertidas sobre otro parlamentario.

Durante todo el proceso, ni el diputado republicano hizo uso de su estatus de aforado para que el caso se derivara al Supremo ni el juzgado de Alcobendas, encargado de ello, lo planteó.

El asunto se debatió en el órgano de gobierno de la Cámara, algunos de cuyos miembros mostraron extrañeza ante lo ocurrido. Pero el entonces presidente del Congreso, Jesús Posada, no vio pertinente comunicar lo ocurrido al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y todo se resolvió a través de un informe jurídico que concluyó que no hacía falta la anulación.

Iglesias, al Supremo

En el escrito de 63 páginas de la exposición razonada al Tribunal Supremo, el juez García-Castellón solicita que se investigue al vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa o simulación delito.

Además, solicita que se investiguen a la diputada Gloria Elizo y los letrados de la formación morada Marta Flor Núñez y Raúl Carballedo por acusación o denuncia falsa o simulación delito. El juez cree que Dina Bousselham y su marido Ricardo Sa Ferreira pudieron cometer un delito de falso testimonio.

De no ser aforado por su condición de diputado del Congreso y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias habría sido hoy imputado de tres delitos por el juez que durante años ha investigado la causa.