Los hospitales que gestiona Mónica García compran medicamentos al margen de la ley de forma sistemática

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha denunciado públicamente supuestas irregularidades en la compra de medicamentos por parte de los hospitales madrileños gestionados por Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, un informe del Tribunal de Cuentas revela que los hospitales bajo su responsabilidad ministerial incurren en prácticas más graves, adquiriendo fármacos al margen de los procedimientos legales establecidos.

El documento fiscalizador, aprobado el 27 de noviembre de 2025 y consultado por OKDIARIO, analiza los gastos farmacéuticos del Hospital Universitario de Ceuta y el Hospital Comarcal de Melilla —dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) que García dirige desde el Ministerio de Sanidad— durante los ejercicios 2022 y 2023. Los resultados evidencian un patrón sistemático de compras directas que vulnera la normativa de contratación pública.

Durante el período analizado, ambos hospitales realizaron adquisiciones farmacéuticas por valor de 37,6 millones de euros. De esta cifra, más de 27 millones se ejecutaron mediante «pedidos mensuales» directos a proveedores, sin utilizar los procedimientos de adjudicación previstos en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

Esta práctica representa el 91% del gasto total en el Hospital de Melilla y el 49% en el de Ceuta. El Tribunal constata que estas operaciones se realizan «al margen de los procedimientos de adjudicación previstos en la LCSP, con la inobservancia de los principios de publicidad, transparencia, no discriminación, igualdad de trato y eficiencia». El descontrol es total, tal como ha presenciado in situ OKDIARIO.

La situación resulta especialmente llamativa, dado que García ejerció como portavoz del Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid hasta noviembre de 2023, período en el que su formación presentó varias preguntas parlamentarias denunciando prácticas menos graves en los hospitales gestionados por la Comunidad de Madrid.

Fraccionamiento y falta de control

El informe detecta además un fraccionamiento sistemático del objeto contractual. En el Hospital de Melilla, se identificaron 2.077 pedidos en 2022 y 2.279 en 2023 correspondientes a artículos cuyo gasto anual acumulado superaba los 15.000 euros por proveedor. Esta cifra representa más de 15 millones de euros en compras que, conforme señala el Tribunal, «tampoco podría acudirse a la contratación menor, pues se produciría un fraccionamiento del objeto principal del contrato».

La práctica alcanza cotas peculiares en casos concretos. El Hospital de Ceuta llegó a realizar 96 pedidos del medicamento Spinraza —utilizado para tratar la atrofia muscular espinal— por importe individual superior a 44.000 euros cada uno, superando ampliamente el límite legal de 15.000 euros para contratos menores.

El documento revela igualmente que «se han registrado pedidos directos de medicamentos por, al menos, 641.825 euros en Melilla y 597.487 euros en Ceuta, que incluyen productos que habían sido objeto de acuerdos marco, procedimientos abiertos y negociados sin publicidad, a los cuales deberían haberse referido».

Ineficiencia en precios

La ausencia de planificación y coordinación genera importantes ineficiencias económicas. El Tribunal documenta variaciones de precio del mismo medicamento al mismo proveedor que alcanzan el 400% en algunos casos. «Alrededor del 26% de los productos presentaban precios que variaban entre el 10 y el 50%», señala el informe sobre las compras del Hospital de Melilla.

La falta de coordinación entre ambos centros agrava el problema. Se detectaron 285 artículos de uso común con diferencias de precio que llegaban a superar el 100% en quince ocasiones. El Tribunal concluye que estas discrepancias indican «la ausencia de sistemas suficientes para el control de precios y la planificación de adquisiciones con criterios homogéneos».

La situación no constituye una novedad. Ya en 2018, el Tribunal de Cuentas advirtió sobre prácticas similares en su fiscalización de la actividad asistencial del INGESA, del Ministerio de Sanidad, correspondiente a 2016. Aquel informe especificaba que «la mayoría de los medicamentos se adquirían directamente a fabricantes y sólo el 10% en virtud de acuerdos marco».

Un informe previo sobre la contratación de medicamentos en una muestra de hospitales del Sistema Nacional de Salud, referido a 1999 y 2000, ya situaba «por encima del 90% el porcentaje de gasto en medicamentos fuera de los procedimientos establecidos en las normas de contratación del sector público».

El documento de 2025 constata que las recomendaciones formuladas entonces han sido sólo parcialmente atendidas. Persisten «deficiencias detectadas en las diferentes aplicaciones informáticas utilizadas para la gestión de las prestaciones sanitarias y farmacéuticas», problemas que el Tribunal había identificado hace siete años.

Opacidad

El informe subraya graves carencias en materia de transparencia. «Ni en la Plataforma de Contratación del Sector Público ni en la página web del INGESA hay información sobre las compras directas realizadas por Melilla y Ceuta en 2022 y 2023», señala el documento.

Esta opacidad contrasta con las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia, que exige la publicación de todos los contratos efectuados. El Tribunal añade que «tampoco constaba información sobre el importe de las compras directas de los medicamentos adquiridos» en las memorias de las cuentas anuales del INGESA rendidas al propio Tribunal.

La falta de información alcanza dimensiones muy preocupantes. El INGESA «no cuenta con un apartado específico relativo a la transparencia en su página web», como marca la Ley de Transparencia, encontrándose los datos «publicados de forma dispersa». Además, «la mayor parte de los documentos publicados no están en un formato reutilizable y tampoco facilitan el acceso universal».

Déficits de planificación

El Tribunal identifica una «planificación estratégica de las compras de medicamentos en los hospitales insuficiente». No se aprobó acuerdo de gestión para 2023 y el de 2022 «no fue evaluado en los términos requeridos». Los centros carecían del plan de contratación obligatorio y «tampoco se ha acreditado la implantación de medidas tendentes a su reducción». Un panorama desolador.

Los sistemas informáticos presentan «un elevado grado de obsolescencia» y muestran «omisiones, codificaciones discordantes, errores en códigos de medicamentos», lo que impide «una explotación fiable de la información». El aplicativo de gestión económica no cuenta con conexión con otros sistemas, «lo que impedía el inicio del expediente electrónico».

Un futuro incierto

El informe formula nueve recomendaciones, entre ellas «eliminar la práctica de las compras directas de productos farmacéuticos» y «establecer en los pliegos la forma de acreditar su cumplimiento» de las condiciones especiales. También insta a «automatizar el registro de productos sujetos a condiciones especiales de financiación» y a «potenciar el uso de biosimilares».

En un giro característico de la política contemporánea, la ministra que denunció prácticas más leves en Madrid afronta su existencia en los hospitales bajo su supervisión ministerial.

La directora del INGESA ha presentado alegaciones al informe manifestando su adhesión a las recomendaciones. Su predecesora agradeció «el exhaustivo y buen trabajo realizado por el equipo auditor». Carolina Darias, quien fue ministra hasta marzo de 2023, también se adhirió a las alegaciones ministeriales.

Mientras tanto, los 27 millones de euros en compras directas evidencian una contradicción total de Más Madrid: denunciar aquello que uno mismo practica. Como advertía aquel viejo refrán castellano, antes de señalar la paja en el ojo ajeno conviene retirar la viga del propio.