Hacienda cierra un restaurante de Tarragona porque sólo pagaba los impuestos a la Generalitat

Algunos independentistas comienzan a descubrir ahora, sorprendidos, que incumplir las Leyes tiene graves consecuencias. El Ministerio de Hacienda ha dado de baja el NIF de un restaurante de Siurana (Tarragona) y ha bloqueado todas sus cuentas bancarias, porque la empresa lleva siete años sin pagar el IVA y la Seguridad Social.

En 2012, los encargados del establecimiento, Andreu Bartolomé y María Casademunt, decidieron abonar ambos impuestos exclusivamente a la Agencia Tributaria Catalana (ATC), que carecía de competencias para aceptar estos pagos. Poco después, dieron un paso aún más arriesgado: para evitar que este dinero acabara en la Agencia Tributaria española, empezaron a repartirlo a su antojo entre «escuelas, fundaciones y asociaciones».

Todo para evitar que sus impuestos pudieran contribuir a mejorar las infraestructuras o los servicios públicos en otras regiones, como Extremadura o Andalucía. Ahora que su restaurante se ve abocado a cerrar, Andreu i María sostiene que son víctimas de «un ataque a la democracia». Lo cierto es que su gesto insolidario va a provocar que sus diez empleados acaben en el paro.

Ya el pasado mes de junio, Andreu difundió en las redes sociales un vídeo, grabado mientras conducía su coche, en el que explicaba su gesto de «dignidad» de dejar de pagar impuestos.

Diez empleados se van al paro

«Desde 2012», relató, «decidimos pagar los impuestos a la Agencia Tributaria Catalana (ATC), acogiéndonos al artículo 204 del Estatut aprobado en 2006 por una gran mayoría de catalanes, más del 70% en referéndum, y por más de dos tercios del Parlament».

Lo cierto es que el referéndum celebrado el 18 de junio de 2006, para ratificar el Estatut que impulsaba el Tripartito de Pasqual Maragall, tuvo una participación de sólo el 48,85%: más de la mitad de los catalanes se desentendieron por completo de este asunto.

«Hace dos días», continuaba Andreu su relato en junio, «la Hacienda española nos ha revocado el NIF y nos ha bloqueado las cuentas. Por eso hago este vídeo, porque es un ataque grave a una empresa que tiene 10 trabajadores, y sobre todo porque consideramos que es un ataque a la democracia».

Andreu explicó que, desde 2012, «cada trimestre informamos a la Agencia Tributaria Catalana (ATC), hemos presentado los impuestos y comprobantes de las transferencias». Pero en 2013 la pareja de independentistas que regenta el restaurante decidió cambiar de estrategia.

«Y también pedimos a la Agencia Tributaria Catalana (ATC)», añadió, «que si en algún momento cree que lo que hacemos no es correcto ni democrático, nos lo argumente. Queríamos ser una familia que cumpla sus deberes, dentro de lo que permitía el Estatut».

En cuanto a la Hacienda española, «inicialmente les informamos , explicándoles nuestra decisión, pero dejamos de hacerlo a partir del segundo trimestre de 2013. Desde entonces sólo hemos contestado a algún requerimiento que hemos recibido», por el impago de ambos impuestos.

Ahora Andreu y su pareja han descubierto que pagar una asignación voluntaria a la ANC o a Òmnium, para financiar el procés, no tiene los mismos efectos que pagar los impuestos a Hacienda. La pareja ha colocado este mes de noviembre un cartel a la puerta de su restaurante, en el que denuncia este «ataque democrático» y carga contra la «incompetencia» de los responsables de la Generalitat.

Querían tener «un NIF catalán»

El letrero explica que «la Agencia Tributaria española nos revocó en junio el NIF y procedió a bloquearnos las cuentas de la empresa. Pese a nuestro inmediato requerimiento argumentando que la empresa estaba al corriente de pago y sólo en cuanto al IVA y la Seguridad Social, de forma reivindicativa se había abonado a la Agencia Tributaria Catalana (ATC) con la intención de obligar a nuestros representantes a obedecer el mandato del pueblo expresado en el Estatut de 2006, no se nos ha restablecido el NIF. Tampoco ha prosperado nuestro requerimiento a la Agencia Tributaria Catalana (ATC) para que nos facilite un NIF catalán, con la excusa de estar intervenidos».

Pero ni la República catalana existe, ni el «NIF catalán» sirve para nada. Los dueños del restaurante culpan de lo ocurrido a los responsables de la Generalitat por «no aplicar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), tal como exigimos los catalanes en las últimas elecciones (hace años que el Parlament tiene la mayoría para hacerlo) y en el referéndum del 1-O de 2017».

La pareja no explica cómo ha mantenido el restaurante abierto y ha seguido pagando las nóminas a sus empleados durante los últimos seis meses, algo que es completamente ilegal después de que Hacienda haya dado de baja su NIF.