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La Guardia Civil destinará la mitad de los cargadores eléctricos para coches a sólo cuatro autonomías

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coches eléctricos Guardia Civil.
En Lorca cargan desde el cuarto de baño.
Luis Miguel Montero

Por fin la Guardia Civil sabe dónde va a instalar los cargadores eléctricos para sus nuevos 380 vehículos que forman parte de la flota «verde» de coches de la Benemérita. La mitad de los cargadores se instalarán en sólo cuatro comunidades autónomas, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Es decir serán 699 puestos en estas cuatro comunidades, los otros 694 se los reparten entre los 11 territorios restantes. En total 1.393 puntos de recarga. Como ejemplo, la Dirección General en Madrid dispondrá de 15 puntos de recarga para eléctricos e híbridos, más que en toda la ciudad de Ceuta, más que en Melilla y sólo cinco menos que en toda la comunidad foral de Navarra.

Todo estaba previsto que comenzase en 2021 y que la instalación de 1.393 puntos de recarga de vehículos eléctricos finalizase el pasado año 2022, salvo los imprevistos por cuestiones económicas, ahora resueltas gracias a los fondos europeos o Next Generation, que llegaron tarde, tal y como recogía el Servicio de Contratación de la Institución y adelantó en su día OKDIARIO.

Ahora, los vehículos y todos los cuarteles incluidos en esta red esperarán hasta octubre cuando se prevé que estén instalados todos los puntos previstos y mientras esto sucede algunos tendrán que adaptarse como en Lorca, usando el enchufe un cuarto de baño y una ventana abierta para pasar el cable. Además, parece que la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) se ha «olvidado» en el reparto de lugares como Ceuta, Melilla y el norte de España los más olvidados. Ceuta tendrá 10 puntos, Melilla sólo ocho y toda Navarra contará con 20.

Sin embargo, los mejores dotados de cargadores serán el Centro de Adiestramientos Especiales y el Grupo de Acción Rápida de La Rioja con siete equipos, la Comandancia de Baleares y Ceuta con seis cada una y el Puesto Principal de Tres Cantos en Madrid, con otros seis puntos. Otro ejemplo, los cuarteles de Cangas de Morrazo (Pontevedra), la compañía de Tui (Pontevedra) y Estella (Navarra) no tienen asignado ningún punto de recarga de momento.

Es decir, aunque el abastecimiento energético esté asegurado en la sede principal de la Guardia Civil otros 994 puestos quedarán «en reserva», según figura en la documentación oficial y cada uno de estos puestos «en reserva» tendrían un único punto de recarga, como refleja un listado elaborado por la Dirección General de la Guardia Civil.

Pedro Carmona, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), explica que «los puntos de recarga no sólo llegarán tarde sino que también hay grandes diferencias en el reparto planificado por la Dirección General, ya que, 994 dependencias oficiales distribuidas a nivel territorial quedarán a expensas de disponibilidad presupuestaria para la instalación de puntos de recarga» y añade que «también echamos en falta un plan técnico de mantenimiento para los vehículos ya que si existe una avería esta será seguramente muy costosa y no queremos que a corto plazo los vehículos se queden parados por falta de presupuesto para arreglar las averías que seguro van a producirse».

El problema inicial era que aunque la Guardia Civil licitó con tiempo la adquisición de 380 coches eléctricos para sustituir el viejo parque móvil de los vehículos dedicados a labores de Seguridad Ciudadana, no hay dónde enchufarlos para que se carguen. Parece de broma, pero ya el pliego de cláusulas administrativas para la adquisición de puntos de recarga advertía en las «menciones particulares» del contrato que «por otra parte, debido a que los citados presupuestos (financiados por la UE) fueron puestos a disposición de la Guardia Civil a finales del mes de mayo del presente 2022, se hizo imposible destinar los mismos para implementar lo proyectado para el año 2022, debiendo englobar todo lo proyectado para procurar su realización en el año 2023».

La previsión de los ministerios del Interior y Transición Ecológica era que estos cargadores eléctricos para los nuevos coches se instalasen durante 2022, en concreto en el 50% de los acuartelamientos distribuidos por todo el territorio nacional y así podían ir tirando. El plan consistía en instalar «903 PDR monofásicos con tipo de carga en modo semirrápida de 7,4 kw», otros «158 PDR trifásicos con tipo de carga en modo 3 semirrápida de 11-22-44 kw» y  «8 PDR con modo de carga rápida de 50-100 kw». En total 1.064 puntos instalados en varias comunidades y localidades que costarían en una primera fase 4.921.426,95 euros.

El siguiente año, en 2023, se instalarían otros 1.136 puntos de recarga con un presupuesto estimado de 4.758.173,95 euros. Como los fondos de la Unión Europea no fueron gestionados a tiempo, no llegaron para que la Guardia Civil pudiera licitar esa contratación. Finalmente, en diciembre de 2022 resultó adjudicataria la empresa Orange por un importe de 9.678.669 euros que terminará el primer encargo en octubre de 2023.

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