España

González dice que la compra de su dúplex a través de un paraíso fiscal fue totalmente legal

La juez imputa a Enrique Cerezo y a Ignacio González por su duplex de lujo en Estepona

El rastro del dinero del dúplex: de Arganda a Estepona pasando por Mónaco o Panamá

González pagó 600.000 € en negro por su pisazo, en el que tiene de vecina a la hija de Franco

Ignacio González ha asegurado este lunes que ha dejado claro a la jueza que investiga la compra de su ático de lujo en Estepona (Málaga) que no ha hecho «nunca nada ilegal».

El ex presidente de la Comunidad de Madrid ha declarado durante una hora y media como investigado y sólo ha contestado a las preguntas del fiscal Anticorrupción y de la jueza instructora del caso.

En sede judicial, González ha negado cometer cualquier hecho delictivo y ha afirmado que concertó el contrato de venta de la casa con el supuesto testaferro Rudy Valner, al que conoció el día de la compraventa, desconociendo que actuaba desde Coast Investors. Ha añadido que tras arrendar la casa decidieron comprarla en 2011, porque su mujer recibió una indemnización «importante». Concretamente, asegura que pagaron 600.000 de los 741.100 euros de compraventa con este concepto. Además, añadía que desconoce si el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, conocía al testaferro Valner.

Sobre los audios publicados en la prensa de su encuentro con el comisario Villarejo asegura que no se corresponden con la «conversación real» que mantuvieron. Por último sobre la operación urbanística de Arganda del Rey, por la que ha sido acusado por un testigo de la causa de ganar una comisión por la venta de unas parcelas a Martinsa, González señalaba que es «absolutamente falso» y que la Comunidad de Madrid no tenía competencias para decidir sobre esa materia. A su salida de los juzgados, ha defendido que «jamás» quiso parar la investigación y que no ha tenido relación con sociedades o cuentas «fuera».

Tanto él su esposa, Lourdes Cavero, y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, han sido citados como imputados en este caso que comenzó en octubre de 2012 con una denuncia interpuesta por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), y que archivó el fiscal al no detectar irregularidades. Posteriormente, el PSOE y una asociación de ex trabajadores de Telemadrid se sumaron a la batalla en los tribunales.