El gobierno valenciano defiende la «transparencia» en las subvenciones al hermano de Ximo Puig

«Las subvenciones se conceden a través de una orden de convocatoria, un procedimiento transparente, de concurrencia competitiva, aplicando criterios objetivos, y los resultados se publican en el Diari Oficial», aseguran a OKDIARIO desde el ejecutivo valenciano.

La portavoz del PP en las Cortes valencianas, Eva Ortiz, ha denunciado que las sociedades Mas Mut Produccions y Comunicaciones del Ports, las dos participadas por Francisco Javier Puig, hermano del presidente valenciano, recibieron en 2015 y 2016 ayudas para “el fomento del valenciano” sin que hubieran sido justificadas dentro del plazo legal.

«El PP incurre en un cinismo extremo porque el sistema general de verificación de las subvenciones es el mismo que regía cuando en 2014 y 2015 concedió las ayudas para el fomento del valenciano en los medios de comunicación. A partir de la ley de Hacienda de 2015 hay que aprobar un Plan de Control de las subvenciones, como se hizo en mayo de 2017 para las ayudas de 2016 y en 2018 para las de 2017. Los planes de control contemplan las medidas previstas en la ley de Hacienda de 2015», afirman desde el ejecutivo valenciano.

Reconocen que en estos cuatro años, Mas Mut Produccions (administrada por el hermano de Puig y en la que participan otros accionistas) y Comunicaciones del Ports (de la que es consejero delegado), han recibido casi 400.000 euros, repartidos de la siguiente manera: 80.060 euros en 2015, 100.099 en 2016, 98.118 en 2017 y, a falta de conocerse las ayudas para televisión, 60.717 euros en 2018. Pero afirman que «es vergonzoso que el PP presente como un trato de favor a dos firmas unas ayudas de las que este año se darán más de 170 a decenas de empresas».

Y se remiten al escrito que la Abogacía General de la Generalitat ha enviado al Tribunal Superior de Justicia en respuesta al recurso del PP, que ante la acusación de trato de favor, recalca: “Los datos aportados en los antecedentes y los documentos obrantes en el expediente ponen de manifiesto que tal trato de favor no se ha dado; ponen de manifiesto que las dos mercantiles han sido tratadas en igualdad de condiciones que el resto de entidades, tanto al repartir las ayudas como en los posteriores trámites de justificación y de comprobación, siempre de conformidad con las bases de la convocatoria”.

Además, la Abogacía General señala que, en julio de 2018, la Administración, “atendiendo a las alegaciones que se han planteado en el presente recurso, ha iniciado nuevas actuaciones de comprobación, requiriendo nuevamente la presentación de facturas, de nóminas, así como nuevas muestras de periódicos editados y programas de radio o televisión emitidos”.

Para la Abogacía, estas actuaciones suponen la carencia sobrevenida de objeto del recurso del PP, “puesto que la Administración, visto lo planteado por la recurrente, ha acometido, previa aprobación de un plan de control, las actuaciones de comprobación material que ésta (la diputada del PP que presentó el recurso) echaba en falta”.