El Gobierno tendrá lista en 5 meses su ley para exhumar a Primo de Rivera y cerrar la Fundación Franco

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 26/08/2021 06:45
  • Actualizado: 26/08/2021 10:57

La llamada ley de «memoria democrática» ha iniciado oficialmente el trámite final hasta su aprobación definitiva. La Mesa del Congreso de los Diputados ha encomendado este miércoles a la Comisión Constitucional la apertura del plazo para que los grupos políticos presenten sus enmiendas, para lo que dispondrán de 15 días. De acuerdo a los trámites habituales, un proyecto de ley tarda aproximadamente cinco meses en tener la luz verde del Congreso.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de julio remitir el proyecto de ley a las Cortes Generales. Desde Moncloa celebraron que «esta es la primera ley en que se condena y se repudia expresamente el golpe de Estado y la dictadura posterior, que han supuesto el periodo más negro de nuestra historia contemporánea».

Lo cierto es que la ley contiene medidas polémicas, como la «resignificación» del Valle de los Caídos, la ilegalización de la Fundación Francisco Franco o el delito de apología del franquismo. 

Según la intención del Ejecutivo, el cadáver del líder falangista José Antonio Primo de Rivera dejará de estar en un «lugar preponderante» del mausoleo del Valle de los Caídos. Además, se retirarán símbolos, distinciones y títulos nobiliarios a «todas aquellas personas que les fue concedido por ser protagonistas de la dictadura o de la Guerra Civil», según anunció el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Exaltación del franquismo

La nueva norma establece un régimen sancionador que hasta ahora no estaba vigente, con multas de hasta 150.000 euros por lo que consideren infracciones muy graves. Entre ellas se incluyen los actos de exaltación del franquismo cuando se estime que supongan un menosprecio a las víctimas. También serán consideradas como tales la destrucción de las fosas comunes o de lugares de memoria y homenaje.

El Gobierno también pretende ilegalizar los actos que hagan apología del franquismo cuando, igualmente, implique «menosprecio y obligación a las víctimas». El Ejecutivo añadió ese último matiz después de las advertencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que consideró que «la apología del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas, que aunque contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión».

Banco de ADN

Además, el Gobierno plantea que sea el Estado el que asuma directamente las tareas de exhumación de las fosas, para lo que se creará un banco de ADN y una fiscalía específica en el Tribunal Supremo.

Otra de las patas de la nueva ley es la educativa. Así, se avisa de que «el conocimiento de la historia y la memoria democrática española y la lucha por los valores y las libertades democráticas».

¿Y qué se enseñará en las aulas? Bajo ese eufemismo de «memoria democrática» se esconde una vocación ideológica clara, que avanzó ya el propio secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, durante el curso  Memoria democrática y ciudadanía: El Valle de los Caídos en perspectiva comparada, celebrado en  la Universidad Complutense de Madrid, y recogido por OKDIARIO. Este alto cargo de Presidencia detalló que se enseñará la Guerra Civil como «la primera batalla contra el fascismo en Europa». 

Aunque el proyecto del Gobierno no tiene aún asegurados los apoyos en el Congreso, es de suponer que los aliados de Sánchez acabarán dándole luz verde.

Desde Podemos han considerado que el texto, presentado por el PSOE, es «positivo» pero opinan también que tiene margen de mejora para incorporar más avances, que plantearán ahora durante el debate parlamentario.

Los podemitas piden, por ejemplo, que el periodo de aplicación se extienda más allá de la Guerra Civil y el franquismo. En concreto, hasta 1983. Denuncian que hasta entonces existió «violencia institucional» por parte del Estado.