El Gobierno subirá pensiones y salarios públicos por decreto antes del 15 de octubre

• Juanan Jiménez
• Especializado en información nacional e internacional, breaking news, periodismo de datos y visualización, también escribo sobre motor y tecnología.
• • 01/10/2016 01:59
  • Actualizado: 01/10/2016 01:59

El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy aprobará el decreto ley para permitir la subida de las pensiones y el incremento de los salarios públicos en el próximo Consejo de Ministros o, como muy tarde, en el que se celebrará el día 14 de octubre.

La situación de bloqueo político que vive España en estos momentos obliga al Ejecutivo a tomar decisiones de carácter urgente. La revalorización de las pensiones y los salarios de los funcionarios son dos de las medidas más urgentes ante la falta de Presupuestos. El Gobierno tiene prevista una subida de las pensiones del 0,25% para 2017, el mínimo legal , y un incremento de los salarios públicos del 1%.

La negativa de Pedro Sánchez a la investidura de Rajoy ha impedido que el Gobierno pueda diseñar los Presupuestos y presentar a Bruselas un esbozo realista de las cuentas para el próximo año. Debido a la situación de interinidad, el Ejecutivo tampoco ha podido aprobar el techo de gasto ni llevar al Congreso el reparto entre administraciones públicas de los nuevos objetivos de déficit impuestos por Bruselas, un requisito para que las autonomías elaboren sus presupuestos para el 2017.

Al mantenerse la situación de interinidad del Gobierno, la Ley de Presupuestos de 2016 quedará automáticamente prorrogada para el próximo año. Eso significa que determinadas partidas, como los salarios públicos o pensiones, no puedan ser actualizadas de forma ‘natural’.

Precisamente, este viernes, el Ejecutivo aprobaba un decreto ley para reformar el pago fraccionado del Impuesto de Sociedades, con el que pretende ingresar 8.000 millones extra este año que permita concluir 2016 con un déficit público del 4,6% del PIB para evitar sanciones de la Comisión Europea por valor de más de 6.300 millones de euros.

Razones de “urgencia” e “interés general”

La única fórmula que permite a un Gobierno en funciones promulgar leyes es realizarlo mediante un decreto ley. Esta figura jurídica cumple con los preceptos legales de «urgencia» e «interés general» que en este caso permiten al Ejecutivo legislar sobre medidas que afectan a la mayoría de los ciudadanos. Dado su carácter excepcional y de provisionalidad no se pone en peligro la separación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

El decreto tendría que ser validado por el Congreso en un plazo no superior a 30 días y el PP necesitará los votos de otros partidos, aunque no se esperan problemas ya que el PSOE se ha mostrado a favor.

El Gobierno ha mantenido que un Ejecutivo en funciones no está habilitado para llevar a cabo esa actualización. Para argumentarlo se apoya en el artículo 21 de la Ley 50/1997, que prohíbe a un Ejecutivo en funciones aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados. Según este artículo, el Gobierno en funciones “limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos”, absteniéndose de adoptar cualquier otra medida “salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general, cuya acreditación expresa así lo justifique”.

Lista de tareas pendientes

Las medidas adoptadas este viernes por el Consejo de Ministros y la citada revalorización de las pensiones y los salarios de los funcionarios, son sólo algunas de las cuestiones más delicadas a las que se enfrenta Rajoy por el bloqueo de Pedro Sánchez, pero no son las únicas. El Gobierno estudia también cómo resolver la situación de las becas Erasmus, las ayudas a las ONG’s, las tasas aeroportuarias o el plan de Vivienda. Todos estos asuntos serán también aprobados, previsiblemente, por la misma vía del decreto ley.

Al tratarse de una situación política inédita, no existen precedentes de una revalorización de este tipo. El escenario más parecido, y con todas las distancias, se produjo en 2011, cuando Rajoy estaba recién llegado al Gobierno y aprobó por real decreto ley subir un 1% las pensiones. Entonces, no obstante, se trataba de un Ejecutivo ‘de pleno derecho’.