El Gobierno sólo deporta a siete de cada 100 inmigrantes expedientados como el terrorista de Algeciras

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Investigación e información parlamentaria
• • 27/01/2023 06:48
  • Actualizado: 27/01/2023 08:54

El Gobierno de Pedro Sánchez abrió el año pasado 34.949 expedientes de expulsión de inmigrantes irregulares, como es el caso del presunto terrorista yihadista que mató el miércoles a machetazos a un sacristán en Algeciras e hirió a un sacerdote. Del total de estos expedientes, el Ejecutivo ejecutó 2.627, lo que supone sólo el 7,5%, es decir, apenas siete de cada 100.

Yassine Kanjaa, de nacionalidad marroquí y residente en un piso patera en la ciudad gaditana, tenía abierto un expediente de expulsión desde junio de 2022 cuando fue detenido. Sin embargo, siete meses después todavía no había sido deportado.

Las cifras globales de casi 35.000 expedientes de expulsión y apenas 2.627 ejecuciones en España en 2022 no se conocían hasta ahora. Y han sido facilitadas este jueves por el Ministerio del Interior a la agencia pública Efe. Sólo existía constancia de que en los ocho primeros meses de 2022 se incoaron «22.546 expedientes de expulsión», de los cuales 8.015 procedimientos tuvieron resolución favorable para ser ejecutados. Así lo indicó el propio departamento de Fernando Grande-Marlaska en una respuesta parlamentaria escrita al grupo de Vox en el Congreso de los Diputados.

En relación con estos datos y conforme a la ley de Extranjería, Interior recordaba que «los expedientes llevan su tramitación y sus plazos, por lo que no necesariamente las expulsiones ejecutadas se corresponden con las ordenadas o incoadas dentro de ese mismo periodo de tiempo».

Yassine Kanjaa, que entró el miércoles en varias iglesias de Algeciras al grito de «muerte a los cristianos» y «Alá es grande», siendo así relacionado con el salafismo, se encontraba desde 2019 residiendo en España y desde el pasado mes de junio tenía pendiente su expulsión al estar en situación irregular.

Fuentes de Interior confirmaron, por su parte, que al arrestado se abrió un expediente de expulsión por situación irregular en junio de 2022 y que al tratarse de un procedimiento administrativo con todas las garantías, su ejecución «no es inmediata». Sin embargo, este jueves se conoció a través de un comunicado oficial de Gibraltar que Yassine Kanjaa, de nacionalidad marroquí, fue detenido en agosto de 2019 en dicho territorio y tras pasar a disposición de un tribunal fue deportado en sólo tres días.

«Evasiva»

El partido de Santiago Abascal solicitó al Gobierno el pasado mayo conocer el número de expedientes de expulsión del territorio nacional abiertos contra extranjeros, con desglose «por provincias y porcentaje de resoluciones favorables a la referida expulsión, indicando la nacionalidad de origen». Además, se interesó por «el número de resoluciones de expulsión no ejecutadas por provincias y países a los que debe efectuarse». Sin embargo, la respuesta oficial que dio el Ejecutivo a esta petición de informes no fue más allá de decir que «desde el 1 de enero a 31 de mayo de 2022 se ejecutaron 803 expulsiones e incoaron incoaron 13.982 expedientes».

Ante la falta de más datos, la tercera fuerza del hemiciclo volvió a dirigirse al Gobierno en septiembre al respecto a través de una pregunta parlamentaria firmada por la diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, donde reclamaba al Ejecutivo «información sobre cuántos expedientes de expulsión se encuentran abiertos, por provincia, así como cuál es la nacionalidad de los inmigrantes con expedientes de expulsión abiertos».

Fue aquí, en su respuesta del pasado 27 de octubre, donde el Gobierno de Sánchez habló de más de 22.000 expedientes abiertos en los ocho primeros meses de 2022, con más de 8.000 resoluciones favorables. En cambio, Interior volvió a eludir, como denuncia Vox, los datos concretos sobre la nacionalidad y la residencia de estos inmigrantes irregulares.

Respecto a la residencia de estos inmigrantes, Moncloa señaló que «no se proporciona ese dato al no coincidir, necesariamente, el lugar de incoación del expediente con el lugar de notificación del mismo, ni con el domicilio real de la persona». Dada esta opacidad, la diputada Teresa López lamentó que «volvemos a encontrarnos con una respuesta evasiva del Gobierno».