El Gobierno de La Rioja compra un convento de monjas por 2 millones para alojar a 17 menas de Canarias
Vox denuncia que cada mena costará 150.000 euros a los riojanos
La Rioja es la única región del PP que no ha recurrido los decretos de Sánchez para el traslado de menas
Antes de que acabe la Navidad, el convento de las monjas agustinas situado en el Camino Viejo de Oyón (Logroño) quedará vacío, sin crucifijos ni cristos ni vírgenes ni santos, para convertirse en el primer centro de menas de La Rioja, tras la decisión del Gobierno que preside Gonzalo Capellán, del PP, –quien gobierna con mayoría absoluta– de adquirirlo para alojar a menores trasladados de Canarias.
Una medida que costará 140.000 euros por cada mena, señala desde Vox Ángel Alda, el líder de la formación en la región, dado que el espacio –de 12.500 metros cuadrados– será habilitado para que vivan 17 menores extranjeros no acompañados.
Fuentes del gabinete del Ejecutivo riojano consultadas por OKDIARIO tratan de desvincular la decisión del PP, incomodados por el revuelo suscitado: «Esto es una medida del Gobierno de La Rioja, no del PP. Nosotros lo diferenciamos», conscientes de que el acuerdo adoptado en el último Consejo de Gobierno ha abierto un debate sobre la gestión de la inmigración ilegal en la región.
Según ha podido saber este diario, miembros de la Congregación incluso lamentan que, de este lugar construido para «adorar a Dios», ya no quedará nada de «su esencia» tras el acuerdo adoptado entre la Orden de los Agustinos y el Gobierno de La Rioja para la compra de dicho inmueble.
La compra del convento: 2 millones de €
Al ser preguntado por OKDIARIO por la compra del inmueble, desde el Ejecutivo autonómico justifican que todavía no se ha consumado la adquisición: «Es un alquiler con derecho a compra», aclaran, pese a que el propio consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital, Alfonso Domínguez, reconoció que la adquisición costará 2 millones de euros. A esta información añaden que el Gobierno riojano asumirá dicho desembolso con «los 3,9 millones de euros traspasados por el Ministerio para la acogida».
Se trata de una medida que el Gobierno riojano justifica «ante la incertidumbre» que suscita el Ejecutivo de Pedro Sánchez por el reparto de los menores inmigrantes ilegales llegados a Canarias, de los cuales llegarían 107 menas a La Rioja.
Según señala el Gobierno autonómico, el nuevo centro «es necesario» porque el modelo riojano de atención «de menores personalizado e individualizado» no puede asumir el traslado impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, tras el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto.
División en el PP de La Rioja
Desde Vox arremeten contra el presidente popular, a quien critican porque La Rioja «acate el reparto de menas» sin que se presente un recurso ante el Tribunal Constitucional. De hecho, es la única comunidad autónoma gobernada por el PP que no ha tomado medidas legales contra la norma emanada del Consejo de Ministros, como sí han hecho otros gobiernos regionales, como los de Aragón o la Comunidad de Madrid.
Hasta ahora, La Rioja contaba con una red de pisos tutelados de acogida. Un método que ha comenzado a despertar la indignación vecinal en Logroño, del que viene haciéndose eco Vox en los últimos meses, quienes ponen de ejemplo una comunidad ubicada en el centro de la capital, que ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) contra la Consejería de Salud y Servicios Sociales por la adquisición de un inmueble para menas.
Mientras, el PSOE se suma a las críticas contra el PP rechazando la habilitación de «grandes recintos» para alojarlos. Pese a ello, el Gobierno de Capellán quita hierro al asunto, señalando a Sánchez como culpable de forzarles a habilitar nuevos espacios de acogida: «Nos impone un cambio de modelo ya que tenemos mucha incertidumbre sobre cuántos menores y cuándo van a venir».
«Necesitamos adaptar nuestro modelo», ya que «llegan sin ningún tipo de planificación ni ordenación», zanjan mientras confían en que el convento que formará parte del Gobierno de La Rioja, podrá ser usado tras la acogida de menas para «otras finalidades» o «servicios públicos».
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