El Gobierno rechaza más sanciones a Maduro porque serían una «presión excesiva»

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 25/11/2018 02:49
  • Actualizado: 25/11/2018 02:49

El Gobierno de Pedro Sánchez insiste en su política de diálogo en Venezuela y en su rechazo a la hora de condenar el incumplimiento de Derechos Humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Así lo constata el Ejecutivo en una reciente respuesta por escrito en el Congreso, al diputado de Ciudadanos Fernando Maura, en la que se destaca que «la única vía que permitirá que Venezuela retorne a un escenario de respeto a la institucionalidad democrática y prosperidad socioeconómica es una solución democrática, pacífica y negociada entre los propios venezolanos en el marco del Estado de derecho». El Gobierno de Sánchez adopta de esta manera las polémicas tesis de José Luis Rodríguez Zapatero, que lleva tiempo intentando ejercer de mediador ante Maduro requiriendo a la Organización de Estados Americanos una «oportunidad» para el diálogo.

El Ejecutivo socialista destaca que, en el Consejo de Asuntos Exteriores al que asistió el ministro de Exteriores, Josep Borrell, el pasado 25 de octubre, España votó a favor de ampliar la lista de personalidades sometidas a la prohibición de viaje y congelación de activos.

El Gobierno de Sánchez sigue la tesis de ZP y defiende la única vía para Venezuela es «una solución negociada»

Sin embargo, pese a admitir que «no concurren actualmente circunstancias para levantar las sanciones existentes» el Gobierno señala a continuación que «tampoco procede a criterio del Gobierno que en el momento actual la Unión Europea expanda el actual régimen».

«La línea de la presión resulta estéril si no va acompañada de una línea de facilitación activa de la generación de las condiciones para la negociación», señala el Gobierno. La política contrasta con la estrategia del Ejecutivo de Mariano Rajoy, partidario de aplicar una línea dura contra el Gobierno de Maduro.

El Gobierno actual va más allá y opina que si «la presión es excesiva, puede impedir que llegue a prosperar esta nueva vía que quiere abrirse».

Rechaza pedir una investigación a la CPI

El Ejecutivo rechaza sumarse a los países -Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá- que han reclamado al Fiscal de la Corte Penal Internacional la apertura de una investigación por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. La petición podría abrir una vía para frenar los abusos cometidos por el régimen de Maduro.

«Si la presión es excesiva, puede impedir que llegue a prosperar esta nueva vía que quiere abrirse», considera el Ejecutivo. 

En su lugar, el Ejecutivo de Sánchez argumenta que «no desea interferir con el procedimiento de investigación preliminar ya abierto por la propia Fiscal en febrero, como por el temor a que una presión excesiva sobre el Gobierno de Caracas pueda impedir el acceso a una salida negociada», insiste.

Además, el Gobierno aprovecha para atacar a aquellos que rechazan la vía de la «negociación» porque «no parecen incluir una propuesta alternativa superior que asegure el retorno de Venezuela a la institucionalidad democrática y a la prosperidad sin generar inestabilidad y violencia adicionales».

Asimismo, rechaza que tanto la UE como otros países puedan interferir de manera directa en la crisis venezolana. «No corresponde sino a los venezolanos definir los contenidos y modalidades de dicha negociación. El Gobierno y sus socios de la Unión se limitarán a explorar las posibilidades de contribuir a que se generen las condiciones que hagan posible esa negociación directa entre Gobierno y fuerzas opositoras».

En las últimas semanas, el PSOE se ha negado a condenar el régimen de Maduro, en distintas iniciativas parlamentarias. 

En octubre, los socialistas, con Podemos, votaron en contra de una proposición no de ley del PP en la que insta al Gobierno a «condenar la dictadura del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que está causando una crisis económica, política y humanitaria y que está expulsando a millones de venezolanos de su país».

El texto -que logró el apoyo de Ciudadanos- reclamaba, entre otros puntos, «exigir la puesta en libertad de todos los presos políticos en Venezuela” y «liderar las negociaciones y actuaciones de la comunidad internacional en el seno de la Unión Europea, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), para ampliar las sanciones específicas contra altos cargos del régimen de Nicolás Maduro».